San José, 16 jun (elmundo.cr) – Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó un proyecto de reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para establecer 12 nuevas prohibiciones para los diputados y sanciones para quienes las incumplan.
La iniciativa de Guerrero, diputada oficialista, pondría en regla las obligaciones que tiene Costa Rica con convenios internacionales y el fallo 2010-011352 de la Sala Constitucional, donde ordena a los legisladores establecerse un régimen sancionatorio.
“Es indispensable para la función pública, que los diputados y diputadas expongamos toda la información del interés ciudadano, que facilitemos la transparencia como herramienta para la rendición de cuentas de nuestra labor”, declaró Marcela Guerrero.
Actualmente Costa Rica incumple la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la cual suscribió en 2003, en la que se establece que cada país debe imponer sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de interés, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.
“Costa Rica presenta un rezago en cuanto a transparencia parlamentaria en relación al resto de la región latinoamericana, todavía nuestro país tiene pendiente realizar medidas concretas que ayuden a implementar esa transparencia de información pública y de participación activa de la sociedad que nos establece la ONU”, agregó Guerrero.
El proyecto de reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa crearía la Comisión de la Ética y Transparencia, la cual se encargaría de investigar y recomendar al directorio de la Asamblea Legislativa las sanciones hacia los legisladores, según la acusación recibida.
También dicha comisión deberá preparar el Código de Transparencia Parlamentaria el cual los diputados estarían obligados a cumplir y establece seis nuevas obligaciones a los legisladores y 12 nuevas prohibiciones.
Con la aprobación del proyecto, cada diputado estará en la obligación de permitir el acceso y publicación de las iniciativas de Ley que esté preparando, su agenda bisemanal con un registro de personas con las que se reunió, horas y temas discutidos; intervenciones que hace en el espacio de Control Político; información mensual sobre viajes de carácter oficial fuera y dentro del país, los gastos de dichos viajes y los temas que se abordaron; además de rendir cuentas sobre los objetivos anuales alcanzados y un listado de los asesores contratados y las funciones que tienen.
Las nuevas prohibiciones incluyen utilizar vehículos y choferes oficiales para actividades que no son propias de su cargo, trasladar en autos oficiales funcionarios fuera del ejercicio de sus funciones y extraer sin autorización bienes muebles o parte del inmueble del Congreso.
Tampoco podrán transportar objetos ni sustancias ilegales dentro de los autos oficiales del Congreso, utilizar información reservada para beneficio propio, de familiares o terceros, valerse de su credencial de diputado para asuntos personales o privados, usar bienes públicos en asuntos comerciales o de lucro personal ni utilizar bienes del Estado para su beneficio personal o familiar.
Otra las de prohibiciones sería la de nombrar como asesores a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad (primos y tíos abuelos), solicitar o recibir recursos que puedan comprometer o condicionar su trabajo como diputado, recibir regalías de instituciones públicas o privadas y participar en procesos decisorios que le favorezcan personalmente, a un cónyuge o a sus socios.
Los castigos para los legisladores se determinarían dependiendo de la falta, la cual podrá ser leve, grave o gravísima.
Al cometer una falta leve, el legislador será castigado con una llamada al orden de manera pública y se le impondrá una sanción económica de un salario base. La falta grave se castigará con una reprimenda pública y una sanción económica de 3 a 5 salarios base y la falta gravísima, con una reprimenda pública y una multa de 5 a 10 salarios base.
