San José, 25 jul (elmundo.cr) – El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) trasladó ilegalmente 1450 millones correspondientes a un fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional.
Así lo revela un informe de auditoría efectuado por la Contraloría General de la República, órgano al que le correspondía dar el visto bueno, o no, para que el Ministerio girara esos recursos. Sin embargo, el traslado del dinero se hizo sin su aprobación.
El fideicomiso en cuestión es el 955-001, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional de Costa Rica para transformar las fincas destinadas a cultivos anuales de subsistencia en fincas donde se cultive palma aceitera.
De acuerdo con el informe, los recursos fueron aprobados mediante el tercer presupuesto extraordinario del año 2015, el cual entró en vigencia el 16 de diciembre del año anterior y fueron trasladados a la cuenta de caja única del fideicomiso el 5 de enero de 2016, sin que la Contraloría General de la República hubiese dado su aprobación.
La entidad, un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa recordó al Ministerio de Agricultura y Ganadería que la normativa vigente en el país prohibe girar transferencias hasta tanto el presupuesto de la entidad beneficiaria.
Además, otra normativa que violentó el MAG al hacer el traslado de fondos fue que los consignó en sus liquidaciones presupuestarias como gastos devengados y pagados, pese a que fue hasta enero del 2016 que se giraron los dineros.
La Contraloría recordó que la condición de “pagado” se adquiere hasta que se recibe la información de los pagos acreditados en el sistema bancario nacional.
“La situación descrita, se constituye en un incumplimiento de la normativa y al mismo tiempo genera que el saldo de las partidas Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital carezcan de razonabilidad, al registrarse en la liquidación presupuestaria movimientos que al cierre del período 2015, no se ejecutaron realmente y para los cuales en algunos casos no se tenía la autorización requerida”, dice el informe de la CGR.
Pese a esta situación, la única instrucción de la Contraloría fue que el Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, instruya a sus funcionarios a eliminar la práctica de autorizar el giro de transferencias, si la entidad beneficiaria no ha incorporado esos recursos en su respectivo presupuesto, y además si el mismo no se encuentra debidamente aprobado por la Contraloría.
Este 30 de julio vence el plazo que la CGR le dio al ministro Arauz para hacer dicha instrucción.
