San José, 26 ene (elmundo.cr) – El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís aplicó por primera vez en su administración un veto parcial a un decreto de la Asamblea Legislativa. Se trata de la iniciativa para eliminar las pensiones de lujo a los exdiputados, en vista de que promulgarlo como Ley, tendría un efecto contrario.
El veto parcial del mandatario deja sin efecto la aplicación del artículo primero del decreto legislativo, en vista de que si esta entraba a regir como Ley volvería a entrar en vigencia la regulación anterior a las pensiones de los legisladores, que les permitiría jubilarse a los 50 años con una pensión de hasta 3,5 millones de colones.
La iniciativa aprobada por los diputados pretende reducir las pensiones de los exdiputados y sus herederos a 2,5 millones de colones, además de fijar un tope a las alzas anuales que generaría ahorros de hasta 7700 millones de colones por año al Gobierno.
El veto parcial fue redactado por la dirección jurídica de Casa Presidencial.
En la Asamblea Legislativa el anuncio fue recibido a regañadientes.
Sandra Piszk, diputada del PLN proponente de la iniciativa afirmó que es inaceptable que esa observación tan importante se hiciera cuando los diputados ya habían aprobado el proyecto, pese a que este fue consultados a múltiples instituciones públicas quienes obviaron el dato.
Mario Redondo Poveda apeló a que se respete la intención del legislador al promulgar tal proyecto de Ley, que es recortar las pensiones de los exdiputados y no aumentarlas.
Tras aplicar el veto parcial, el decreto legislativo es devuelto a los diputados para que decidan si acogen la observación de Luis Guillermo Solís, o la rechazan.
“Volver a un sistema con regímenes especiales de pensiones implicaría gastos onerosos a cargo del Presupuesto Nacional, así como voluminosas demandas en estrados judiciales en contra del Estado por parte de los beneficiarios que a lo largo de las últimas décadas no podían exigir una jubilación amparada en estos regímenes”, explicó Marvin Carvajal, Director Jurídico de Casa Presidencial.
“El interés del Gobierno es regular y darle sostenibilidad a las pensiones. Queremos un sistema que sea justo, pero que no derive en los excesos que en el pasado lo afectaron y terminaron por dañar las finanzas públicas. En esa dirección vamos a trabajar con los diputados”, explicó el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro.
El Presidente Solís resaltó que su decisión está basada en la defensa de los intereses nacionales. “Es nuestro deber ser vigilantes de que las reformas a las leyes se traduzcan en una mejor situación para los y las costarricenses y las futuras generaciones. Por ello queremos mantener el espíritu de esta revisión normativa para racionalizar la situación de las pensiones, y no para generar, directa o indirectamente, privilegios que no se justifican ni financiera ni éticamente”, dijo.
