San José, 14 feb (elmundo.cr) – La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, criticó que “cada vez me resulta más extraña e inexplicable la grotesca actitud de la Contraloría General de la República para frenar obras que impactarían muy positivamente la vida de los costarricenses”.
Cisneros recalcó que “una jueza de la República la pone en raya, y en un histórico fallo, le recuerda a Marta Acosta que todo servidor público, incluyéndola ella, por supuesto, está obligado a cumplir con los fallos judiciales”.
La diputada explicó que luego de que una familia le ganara un juicio al Conavi, el Poder Judicial le ordena avanzar en las obras de Ruta 1, sin embargo la Contraloría le prohibió a la institución avanzar con dichas obras, hasta concretar 300 expropiaciones y otros requisitos que tomarán de dos a cuatro años.
“En octubre del 23, una jueza llama cuentas al director del Conavi, Mauricio Batalla, y le reclama y le dice que por qué no están avanzando ante una orden judicial. Entonces el señor Batalla le explica que no puede porque la Contraloría no permite avanzar con los intercambios de el Coyol, de Grecia, de Naranjo y de San Ramón”, agregó.
Cisneros comentó que estas “obras que cuestan 51 millones de dólares, dinero que ya se tiene y que reducirían, óiganlo bien choferes, reducirían el tiempo de circulación en una hora diaria para los 120 mil usuarios que usan esa ruta. Es decir, están los planos, está la plata, está la voluntad, pero la Contraloría, una vez más, no deja avanzar con las obras”.
“La jueza Sady Jiménez Quesada le advirtió a la contralora Marta Acosta que el director de Conavi, Mauricio Batalla, está obligado a avanzar con todas las obras que se hagan en la Ruta 31 una vía más segura, porque, y cito textual, la Contraloría General de la República está también sometida al bloque de legalidad y le recuerda que el no cumplimiento se refuta como una falta grave de servicio público”, sostuvo.
La diputada insistió en que “aplaudimos la sentencia de la jueza Jiménez Quesada, porque como lo manda la Constitución, los servidores públicos son simples depositarios de la autoridad, no son dueños de la verdad”.
“Queda claro que la Contraloría sí se equivoca y que sus errores nos cuestan muy caro, porque no los paga Marta Costa, sino los pobres, con menos becas, con menos casas de interés social, con más dinero votado literalmente en alquileres, solo por frenar Ciudad Gobierno, costarricense, solo por eso vamos a pagar 50 millones de dólares este año”, lamentó.
Cisneros cuestionó “no será, me pregunto yo, la hora de llamar a cuentas a la señora contralora, y no puedo terminar diciéndole a los 120.000 conductores que todos los días gastan horas y horas de su vida en esas presas infernales por la Ruta 1, que ustedes podrían avanzar mucho más rápido, a 80 kilómetros por hora, en lugar de a 20 o a 25, si la Contraloría, una vez más, no se parara en la manguera”.
“Sepan costarricenses, este Gobierno está listo para avanzar, listo para hacer las obras, pero no nos dejan. Así que una vez más, creo que llegó la hora de llamar a cuentas a la Contraloría”, concluyó.
