San José, 12 jun (elmundo.cr) – El diputado de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, con respecto a la presentación por parte del Gobierno de la Ley Jaguar para convocar a referéndum fue enfático en que hay instancias que tienen que velar por la legalidad y constitucionalidad de este procedimiento.
Jiménez recalcó que “Liberación Nacional, para nadie es un secreto, fue el partido que logró crear el referéndum, que está de acuerdo en las consultas públicas, en las consultas del electorado, en que el ciudadano pueda tener los elementos y por supuesto la racionabilidad para profundizar que es lo mejor que le conviene al país”.
“Nosotros como diputados estaremos revisando a profundidad, en los próximos días ojala nos pongamos de acuerdo la fracción y el jefe de fracción para que el proyecto en los próximos días sea conocido, sea debatido y podamos tomar la resolución correspondiente”, sostuvo.
El liberacionista recalcó que “de nuestra parte estamos analizando profundamente el texto, las razones y contemplando poder dar continuidad al proceso para que así lleve acabo las instancias TSE y la Sala IV las acciones pertinentes”.
Se le consultó al diputado sobre la reacción de la contralora Marta Acosta con respecto a este proyecto, a lo que el legislador aclaró que “naturalmente todo lo que venga a restringir o a eliminar, viene a limitar y a quitar, entonces efectivamente están quitando competencias que tiene el ente contralor previas a los procesos de referéndum o de autorización”.
Jiménez aseguró que la Contraloría “es el garante de que los recursos públicos sean utilizados de la mejor manera, de la manera más eficiente más efectiva, más razonable, y también de rendir cuentas, y también de presentar denuncias ante los tribunales ante abusos o acciones que sean ilícitas y que conlleve a que las personas tengan que pagar con el peso más grande ante las actuaciones que están realizando, sea por corrupción, sea por actos ilícitos, o sea por negligencia”.
El diputado explicó que en su paso por la función pública siempre ha recibido el aporte de la Contraloría para el cumplimiento de la ley y el marco jurídico, pues en su caso, como alcalde de Desamparados el ente contralor nunca impuso nada solo les explicaba los lineamientos necesarios para llevar acabo de la mejor manera los proyectos y la gestión.
