San José, 03 oct (elmundo.cr) – Mediante una carta enviada por parte de un amplio sector de la sociedad civil, a María José Garde, presidenta del Grupo Código de Conducta sobre la Fiscalidad Empresarial Economic and Financial Affairs Council Unión Europea, señalaron que “la Asamblea Legislativa aprobó una ley con el fin de sacar a Costa Rica de la Lista de Países No Cooperantes, que después de una revisión exhaustiva por nuestra parte, concluimos que sin duda alguna debilita aún más, la endeble gestión tributaria de Costa Rica y vuelve más poroso el sistema impositivo costarricense, sin resolver el problema de la tributación de las rentas pasivas que ha planteado la Unión Europea”.
“Igual criterio ha sido expresado por el Poder Ejecutivo que, en un primer momento, vetó el referido texto legislativo, pero luego fue resellado”, destacaron.
Para los firmantes “la Ley N°. 10.381 (correspondiente al Proyecto Legislativo N°23.581), que el Poder Ejecutivo, en un primer momento vetó con justa razón, es un texto que impone, al extremo de lo irracional, el carácter territorial del impuesto sobre la renta, haciendo
que prime un criterio fundamentalmente geográfico, por encima del criterio de vínculo económico; con lo que no solo debilita la captación de tributos, sino que refuerza la capacidad de los capitales nacionales y extranjeros de eludir y evadir el pago de tributos de rentas pasivas obtenidas en el exterior, por lo que el problema que se pretende solucionar, más bien, se agravaría”.
Ante esto explicaron que “la reforma de la Ley en el Artículo 1, impone una territorialidad extrema para todo tipo de rentas, no solo rentas pasivas; independientemente de la vinculación jurídica o la vinculación económica a la fuente costarricense generadora de ingresos”.
“La solicitud de la Unión Europea es que se graven las rentas pasivas de los extranjeros que toman a Costa Rica con punto para mover capitales e invertirlos en otros países; pues Costa Rica actualmente, no grava las rentas pasivas extraterritoriales. Esto es: que los intereses, arrendamientos, royalties, cánones y ganancias de capital; que obtienen residentes fiscales costarricense en el exterior no son sujetas de imposición en nuestro país”, agregan.
<Lo anterior permite que los europeos muevan capitales a Costa Rica y desde aquí inviertan en países donde esas rentas están exentas, o pagan una baja tasa<impositiva, y luego moverlos a Costa Rica, con lo cual no pagan impuestos en ninguna parte del mundo. Pero con la excusa de solucionar el problema de la inclusión de Costa Rica en la lista de naciones no cooperante en materia fiscal, por parte de la Unión Europea, ciertos grupos de empresarios costarricenses que realizan actividades extraterritoriales y que hoy deben pagar algún tributo, vieron la posibilidad de generar lobby y cambiar criterios ya instituidos sobre gravámenes a rentas extraterritoriales generadas con capitales de fuente costarricense. Ya que reforzando al extremo la territorialidad pueden liberarse del pago de importantes montos tributarios>>, explicaron.
De igual forma explicaron que “eso hizo que una ley, que en teoría debía de ser de redacción muy sencilla, la convirtieran en un texto sumamente complicado, que si bien pretende gravar a los extranjeros que obtengan rentas pasivas en el mundo y que las declaren en Costa Rica, también trata de desgravar (exonerar) a todos los nacionales que obtengan esas rentas en el mundo. Eso hace un alambicamiento legal que como veremos, dio origen a un texto legal que deja interpretaciones múltiples, imprecisiones muy marcadas, con antinomias importantes y que no resuelve el asunto medular, señalado por la UE”.
“Un análisis en detalle nuestra que, en el texto aprobado por la Asamblea Legislativa, en el Articulo N°1, se refuerza el tema de la territorialidad, de tal manera que, ya no habrá más rentas gravadas provenientes del exterior, independiente de que sean de capitales de fuente costarricenses”, comentaron.
“Cómo se puede apreciar la ley es tan ambigua, alambicada, llena de interpretaciones particulares y con requisitos muy laxos, por lo que es relativamente fácil lograr la exoneración, aun siendo capitales de fuentes extranjera, y que, de ninguna manera, soluciona el problema que señala la UE”, resaltaron.
Además resaltaron que “esta ley va en sentido apuesto a la tendencia mundial y a los acuerdos del G20, adoptados por la OCDE, que según señalan funcionarios del FMI “La evasión y elusión fiscal provocan la pérdida de ingresos que podrían haber financiado el gasto social o las inversiones en infraestructuras. También agravan la desigualdad y la percepción de injusticia”.
“Evidentemente, el texto aprobado por la Asamblea Legislativa, persigue otros fines distintos a solución de la controversia con la UE y los efectos normativos están absolutamente desconectados de tal objetivo”, aseveraron.
“Por las razones dichas, solicitamos urgentemente que sean tomadas en cuenta nuestras observaciones y que se nos informe de las decisiones que se tomen al respecto como representantes de la sociedad civil de Costa Rica”, concluyen.
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