San José, 7 jun (elmundo.cr) – La intención de quitar trabas y agilizar proyectos fundamentales para el país es uno de los objetivos que tiene la Ley Jaguar, que para el experto en contabilidad y auditoría Marco Vargas, de la firma VV&A, es una intención loable, sin embargo, asegura que las modificaciones en las funciones de la Contraloría General de la República merman su trabajo de fiscalización preventiva y efectiva.
Vargas comentó que a nivel internacional los esfuerzos van en dirección de una intervención preventiva como el Tribunal de Cuentas en España, la Government Accountability Office (GAO) en Estados Unidos, la National Audit Office (NAO) en el Reino Unido y el Bundesrechnungshof (BRH) en Alemania, que han integrado tecnologías avanzadas y evaluaciones de riesgo en sus procesos de auditoría. Sin embargo, las modificaciones propuestas parecen ir en una dirección contraria, al restringir la capacidad de la Contraloría para actuar preventivamente.
“Las modificaciones propuestas, que incluyen restricciones para la intervención preventiva y la necesidad de órdenes judiciales para suspender actos administrativos, representan un cambio importante en cómo la Contraloría podrá ejercer su labor de fiscalización. Mientras que estas medidas buscan agilizar procesos administrativos y evitar la parálisis de proyectos y contratos públicos, también podrían limitar la capacidad de la Contraloría para detectar y corregir irregularidades de manera oportuna”, enfatizó el experto.
Para Vargas “adoptar enfoques preventivos y proactivos, en línea con las tendencias internacionales, fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas en Costa Rica, beneficiando a toda la sociedad. La sociedad costarricense ha sido testigo de múltiples casos de corrupción y esta modificación simplemente sería una oportunidad más para enterarnos de estas situaciones a posteriori”.
Según el experto la auditoría preventiva es esencial para una buena gobernanza. “Permite identificar riesgos y debilidades en los sistemas de control interno antes de que se conviertan en problemas mayores. En un mundo donde la tecnología permite un monitoreo continuo y una evaluación de riesgos en tiempo real, limitar las potestades preventivas de la Contraloría podría ser un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos”, agregó.
El experto de la firma VV&A recomendó que para alinearse con las mejores prácticas internacionales y fortalecer el sistema de auditoría y control en Costa Rica, es fundamental considerar la integración de tecnologías avanzadas, la realización de evaluaciones de riesgo periódicas y el fortalecimiento de los sistemas de control interno.
“Estas medidas no solo mejorarán la eficiencia y efectividad de la Contraloría, sino que también promoverán una mayor transparencia y confianza en la gestión pública”, concluyó.
