San José, 22 jun (elmundo.cr) – Este martes se aprobó en segundo debate el proyecto que se tramita bajo el expediente 22156, una ley que pretende la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados.
Las diputadas María Inés Solís, Mileidy Alvarado y Silvia Hernández proponentes del proyecto, señalaron que la iniciativa busca brindar un marco legal de incentivos para las personas con estas categorías y busca ubicar a Costa Rica en los primeros lugares como destino por excelencia, mediante un proceso expedito, ágil y con una vigencia definida.
La diputada Solís indicó “he sido constante sobre la situación en la que se encuentra Costa Rica, sumida en una crisis económica sin precedentes, que según proyecciones económicas amenaza con agravarse aún más, por lo que los legisladores nos vemos obligados a establecer estrategias que no sólo dependan de nuestro mercado interno como alternativa de impulso, sino que debemos generar políticas para la atracción de inversiones que generará mayores empleos y se reactivará la economía”.
Para las firmantes del proyecto, Costa Rica puede promocionarse en el mundo para atraer a inversionistas rentistas y pensionados por aspectos como la estabilidad social, económica y política, la imagen de país verde, culturales y el acceso a la tecnología.
La legisladora socialcristiana aseguró que este proyecto generará reactivación económica en esas zonas aledañas al país que normalmente les cuesta más generar movimiento en el comercio.
“Pretendemos que personas inversionistas, rentistas y pensionados quieran venir en Costa Rica, comprar tener sus propiedades, comprar vehículos, de manera que vengan a generar movimiento en la economía, posiblemente también van a emplear personas, y de esta manera estaríamos buscando movimiento en el comercio y estaríamos dando posibilidades de empleo a más personas en lugares donde conseguir empleo se vuelve más difícil”, argumentó Solís.
Finalmente, Solís destacó que «la iniciativa brinda exoneraciones para quienes adquieran bienes muebles y bienes inmuebles, se les exime del pago de una parte de los impuestos, pero para evitar que ese beneficio se convierta en un negocio, los titulares de las propiedades deben cancelar el monto eximido de impuesto al momento de realizar la venta de los bienes».
