San José, 29 may (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, calificó como “productiva” la reunión de alto nivel a la que asistieron 50 diputados y representantes del Poder Judicial, con el objetivo de abordar la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
Durante el encuentro, se presentaron mapas de calor provinciales y un informe detallado sobre la operación de bandas criminales en el territorio nacional. Según Fernández, la sesión permitió exponer “dónde están los nudos” y las “pegas” que impiden una justicia efectiva en Costa Rica.
“Pudimos ver de boca de los funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad Pública y de Justicia y Paz, por qué si la policía ha detenido hasta 388 veces a una persona, esa persona sigue suelta”, señaló la mandataria.
Fernández denunció la existencia de un “círculo vicioso” donde los cuerpos policiales realizan detenciones, pero el Poder Judicial libera a los sospechosos. La presidenta fue enfática al mencionar casos donde el Instituto de Criminología advierte sobre la peligrosidad de ciertos individuos y, aun así, los jueces de ejecución de la pena ordenan su libertad.
“Repasamos casos que nos deben de llenar de vergüenza, donde el Instituto de Criminología Nacional dice: no liberen a esa persona, no la suelten, es peligrosa; y los jueces de ejecución de la pena la liberan, haciendo caso omiso por completo a las recomendaciones técnicas”, añadió.
La reunión, que contó con la presencia de autoridades judiciales como la magistrada vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas, el fiscal general, Carlo Díaz y el director general del OIJ, Michael Soto, sirvió para plantear una serie de proyectos de ley que el Gobierno presentará próximamente.
Fernández hizo un llamado urgente a la unidad nacional para enfrentar esta problemática: “Pedí apoyo a todos los diputados, independientemente de las banderas políticas que puedan representar; este es momento de representar únicamente a la bandera de Costa Rica”.
Asimismo, la ministra cuestionó la efectividad del sistema penitenciario, señalando que bandas criminales continúan operando desde las cárceles. “No se vale que le exijamos a los policías entregar hasta su vida al servicio de nuestra patria si los criminales no están recibiendo condenas al nivel que lo merecen”, enfatizó.
La jerarca concluyó asegurando que la seguridad es la prioridad número uno de su agenda y reiteró que, aunque el Ejecutivo está tomando acciones, la resolución de esta crisis requiere un compromiso conjunto de los supremos poderes.
