San José, 21 sep (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, resolvió este lunes dos casos de interés público mediante resoluciones administrativas que definen el rumbo de procesos en la Municipalidad de San José y en el Poder Judicial.
En el primer caso, bajo la resolución administrativa DP-R-005-2026, la mandataria abordó la situación del alcalde de San José, Diego Miranda Méndez. El jerarca municipal había solicitado la recusación del Concejo Municipal, buscando excluirlos de un proceso sancionatorio alegando falta de objetividad debido a una sanción previa impuesta por el mismo órgano.
Tras el análisis, la resolución rechazó la solicitud del alcalde. La decisión se fundamenta en que los hechos que dieron pie a la sanción anterior no guardan relación directa con el proceso actual, por lo que no existen elementos suficientes para determinar una falta de objetividad que obligue a separar al Concejo del caso. Con esta resolución, el Concejo Municipal mantiene su competencia para continuar con la resolución del proceso administrativo en curso.
Resolución en el Poder Judicial
Por otra parte, mediante la resolución DP-R-016-2026, la presidenta Fernández se pronunció sobre un conflicto constitucional planteado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Catalino Orlando Aguirre Gómez.
El jerarca judicial había presentado un conflicto de carácter constitucional relacionado con un proyecto de presupuesto. No obstante, tras la revisión técnica, la resolución determinó que el recurso era inadmisible.
El motivo principal del rechazo radica en que la norma constitucional invocada por la presidencia de la Corte aplica exclusivamente para proyectos de presupuesto ordinario, mientras que el caso presentado por Aguirre Gómez correspondía a un proyecto de presupuesto extraordinario, ámbito donde dicha normativa no tiene alcance.
Estas actuaciones de la presidenta Fernández se dan en el marco de su gestión al frente del Poder Ejecutivo, manteniendo una postura de vigilancia sobre el cumplimiento de las competencias institucionales y la legalidad de los procedimientos administrativos en los distintos niveles del Estado.
