San José, 04 jul (elmundo.cr) – La infraestructura de las escuelas y colegios públicos en Costa Rica atraviesa una situación crítica, con un alto número de órdenes sanitarias pendientes que reflejan problemas graves de mantenimiento y seguridad. Según datos oficiales de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), al 7 de abril de 2025 se contabilizan 895 órdenes sanitarias activas, cifra que supera en 172 las registradas a principios de 2023.
Estas órdenes no necesariamente corresponden a un solo problema por centro educativo, ya que un mismo establecimiento puede tener múltiples órdenes pendientes. Por provincias, Guanacaste registra 49 órdenes sanitarias, Alajuela 145, Heredia 23, San José 92, Limón 108, Cartago 29 y Puntarenas 120, sumando un total de 566 órdenes sanitarias con recursos de amparo interpuestos en varios casos.
La Defensoría de los Habitantes ha señalado que esta problemática está ligada a la falta de capacidad de ejecución, planificación y evaluación oportuna de las necesidades reales de cada centro educativo. Actualmente, la DIE tiene registrados 1.351 proyectos de infraestructura, pero solo un 4% está en ejecución activa, es decir, 54 centros educativos están en proceso de mejora, mientras que el 42% apenas se encuentra en formulación presupuestaria. No existe claridad sobre si estos proyectos atienden las órdenes sanitarias pendientes ni sobre los plazos para resolver la situación.
Durante inspecciones en 2024, la Defensoría detectó situaciones alarmantes, como escuelas sin inscripción legal a nombre de la Junta de Educación, lo que impide invertir los más de 107 mil millones de colones presupuestados para infraestructura, fondos que permanecen sin ejecutarse debido a restricciones legales. Además, se identificaron casos críticos como la Escuela del Brujo en Río Nuevo de Pérez Zeledón y la de Bahía Drake, ambas con riesgos inminentes y recomendación de traslado por la Comisión Nacional de Emergencias. En el Liceo de Tobosi, Cartago, los estudiantes llevan más de 15 años en instalaciones provisionales e inadecuadas.
Frente a esta crisis, el MEP anunció que en el anteproyecto de presupuesto para 2026 incluirá 40 mil millones de colones destinados a atender órdenes sanitarias activas, lo que permitiría reducir al menos un 25% de las órdenes vigentes, priorizando aquellas que impactan directamente la seguridad y calidad del entorno educativo. El Ministerio también informó que se pasará de un enfoque reactivo y fragmentado a un modelo preventivo, planificado y territorialmente justo para responder con mayor eficacia a las necesidades de la comunidad educativa.
Esta situación se suma a otros retos del sistema educativo público, como el bajo presupuesto general, la ausencia de pruebas de idoneidad para docentes y el aumento de la violencia escolar, factores que afectan el ambiente de aprendizaje y la motivación del personal docente, según el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA).
La crisis en la infraestructura educativa no solo pone en riesgo la seguridad de estudiantes y docentes, sino que también afecta la calidad de la educación, un pilar fundamental para el desarrollo social y democrático del país. La atención urgente y coordinada de estas necesidades es clave para garantizar un entorno escolar seguro y propicio para el aprendizaje.
