San José, 19 ago (elmundo.cr) – El exdiputado Jonathan Prendas señaló que “la política pública ocupa de datos, no la información personal ligada a esos datos”.
Al respecto, la superintendente general de Entidades Financieras, Rocío Aguilar Montoya, informó que la semana pasada fue notificada sobre una denuncia penal en su contra por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 21 de abril del 2023.
Esta denuncia fue interpuesta por la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona, que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para el desarrollo de sus labores de supervisión.
El BCCR fundamenta la solicitud y denuncia en lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central, Ley N°7558 y los artículos 65 y 68 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística, Ley N°9694.
Ante esto Prendas reprocho que “no queramos tapar el sol con un dedo, la UPAD, así como el marchamo electrónico del INS y ahora la información crediticia del BCCR son acciones no democráticas de alto riesgo social”.
