San José, 30 nov (elmundo.cr) – “¿En qué momento la institucionalidad de este país se convirtió en un freno en lugar de un motor para nuestro desarrollo?”, cuestionó la jefa de fracción oficialista Pilar Cisneros.
Esto luego de que la Contraloría General de la República (CGR) rechazó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Ministerio de Hacienda y el Mideplan, para continuar con el proyecto de Ciudad Gobierno.
Cisneros señaló que “ahora resulta que con una interpretación absolutamente antojadiza, la Contraloría pretende echarse abajo el proyecto de Ciudad Gobierno, una mega obra pública que nos va a permitir ahorrar literalmente miles de millones de colones”.
“Una mega obra para dejar de alquilar por siempre y convertirnos en dueños de las oficinas de más de 35 instituciones, óigalo bien, sin costo alguno para las arcas públicas, sin que nos cueste nada. Una mega obra para decir basta ya al pago de multimillonarios alquileres a las familias y a los poderosos grupos de siempre que ustedes conocen bien”, aseguró.
Según la legisladora lo que la contralora indica en la resolución “es absolutamente falso”, pues asegura que el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública “dice, óiganlo bien, la administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles sin emplear procedimientos ordinarios, para lo cual se requiere, en todos los casos, lo siguiente, y aquí estoy editando un poco lo que dice. Estudio que demuestre que la opción seleccionada es la más rentable y viable”.
“Pero oigan esto, va mucho más allá ese famoso artículo, cosa que ignora flagrantemente la contralora. Dice el artículo, la administración podrá pactar la adquisición o el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de construcción cuando ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales cumpliendo con los requisitos anteriores”, sostuvo.
Cisneros insistió “yo me pregunto, ¿qué le pasa a la contralora? ¿Qué le pasa a Marta Acosta? ¿Acaso no nos conviene ahorrar 17 millones de dólares cada año?”.
“Con el arrendamiento operativo, el Estado aporta el terreno. El BCIE invierte por su cuenta y riesgo 450 millones de dólares para construir los edificios donde van a estar 35 instituciones públicas que hoy gastan, óiganlo bien costarricenses, más de 50 millones de dólares anuales en alquileres, servicios públicos y mantenimiento de las oficinas”, manifestó.
La diputada cuestionó: “¿Estaremos ante un caso en que la Contraloría se está extralimitando en sus funciones? Pregunto yo. ¿Puede realmente coadministrar la contralora la gestión pública que claramente le corresponde al Poder Ejecutivo? Ahora resulta que, sin ningún sustento legal, nos quieren impedir la figura del arrendamiento operativo, que también, por cierto, afectará en el futuro a instituciones como la Caja, el Poder Judicial, el ICE, las municipalidades, este Congreso y el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros”.
“Esta fracción y este Gobierno seguirá luchando para que Ciudad Gobierno sea una realidad al menor costo posible, ya definitivamente llegó la hora de dejar de votar miles de millones de colones, porque es así como se los digo, miles de millones de colones en algo que nunca será nuestro. (…) Llegó la hora de avanzar con proyectos que cambien la administración de este país, con ahorros multimillonarios y con enormes beneficios para Costa Rica, aquí la pregunta que yo me hago es esta ¿la Contraloría es un apoyo o un bloqueo para el país?, ahí se los dejo”, concluyó.
