San José. 4 feb. (elmundo.cr) – La mañana de este jueves, los abogados de las parejas afectadas por la prohibición de la Fertilización In Vitro (FIV), le pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante una carta formal, anular la resolución de Sala Constitucional, y ordenar que se reconozca el decreto del Poder Ejecutivo como un instrumento legal para regular la práctica de FIV en el país.
A raíz de ello, la Corte le ordenó al Estado Costarricense, siete días hábiles para explicar (hasta el próximo 11 de febrero), la decisión de la Sala.
“Estamos muy contentos, porque la Corte no se anda con paños tibios y puso en su lugar a la Sala Constitucional. La alegría les duró solo un día”, aseguró uno de los abogados de las parejas del caso FIV contra Costa Rica, Boris Molina
Según explicó el experto, el Sala dio tan solo siete días, porque el 15 de febrero se retoman las sesiones.
“A partir de la próxima sesión de la Corte, van a ver quien es quien”, puntualizó.
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En su resolución, la Corte señaló que el Estado costarricense está en la obligación de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero siguiendo los procedimientos constitucionales previstos para ello; es decir, mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa y no mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
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