San José, 29 abr (elmundo.cr)- La tarde de este lunes los diputados aprobaron en primer debate el expediente 20.648, el cual es la adición de un artículo 100 TER a la Ley de Contratación Administrativa.
Con esta modificación se establece que la Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitaría para participar en los procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un periodo de tres a diez años según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato, o infrinja los programas de trabajo pactados.
Esta sanción aplicaría para participar en los procesos de contratación administrativa desarrollados por la Administración central, la descentralizada y las municipalidades.
“Algunos confunden que somos el país más feliz del mundo con que somos un chiste de país y se pasan de listos burlándose de los costarricenses. Yo no vine a este lugar a alcahuetear sectores, no vine aquí a burlarme de los ticos, no vine hacer un guiño aquellos que tienen poder económico mientras le doy la espalda a quienes nos dieron su voto de confianza” señaló la diputada Karine Niño.
Para la legisladora este proyecto de ley viene a cerrar portillos a esas empresas que sin JUSTA CAUSA, le incumplen al Estado, tomando recursos de todas y todos los costarricenses y echándolos a la basura con irresponsabilidad, con obras a medio palo, mal hechas pero con costos millonarios.
“Esta iniciativa busca corregir una problemática de años en el país, por ejemplo en el caso de infraestructura vial el país se encuentra en un rezago terrible, a tal punto que ostentamos la posición 123 de 137 países en cuanto al nivel de competitividad por concepto de infraestructura de caminos según el Índice de Competitividad Global 2017-2018”, señaló Niño.
