“Justicia Pronta y Cumplida” sigue siendo una deuda para los pueblos indígenas, denuncia Defensoría

San José, 19 sep (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes denunció que el Estado costarricense no ha cumplido con su obligación de proteger a los pueblos indígenas, lo que ha resultado en la muerte de activistas y defensores de sus derechos, como Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera.

En el caso del indígena teribe Jerhy Rivera Rivera, asesinado en 2020, los tribunales de Pérez Zeledón absolvieron al presunto imputado, luego de que un Tribunal de Apelación de Cartago anulara el primer juicio en que se había condenado a 22 años de cárcel.

En el caso del indígena bribri Sergio Rojas, asesinado en 2019, se dictó un sobreseimiento definitivo, lo que significa que el caso no será llevado a juicio.

La Defensoría de los Habitantes señaló que, a pesar de la Medida Cautelar 321-12 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 para proteger a los pueblos indígenas Teribe de Térraba y Bribri de Salitre, el Estado no ha adoptado medidas suficientes para garantizar su vida e integridad personal.

“En algunos medios de comunicación y en las redes sociales se han exacerbado los discursos de odio de índole racista, y se han criminalizado las reivindicaciones indígenas de derechos”, destacó la Defensoría en su Informe Anual 2019-2020. “A la fecha, no se ha detenido a ninguna persona ni se ha sancionado a nadie por todos estos hechos”.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado al Estado para combatir la impunidad y garantizar la “Justicia Pronta y Cumplida” a los pueblos indígenas. “Es importante evitar la escalada de violencia dentro de los territorios indígenas”, enfatizó la institución.

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