San José, 9 ago (elmundo.cr)- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, contra el Estado por más de 7 000 millones de colones.
De acuerdo con la Junta Interventora de Judesur, la demanda se da por supuestos daños y perjuicios derivados de la vigencia de la Ley 9356, que dota de un nuevo marco legal y el cual pondría en riesgo el funcionamiento de la entidad.
Uno de los aspectos que más llama la atención, es que dicha Junta que demanda al Gobierno, fue conformada por el propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en el año 2014.
Para el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas, dicha demanda, “no tiene ni pies, ni cabeza” y se cuestiona si el Poder Ejecutivo conocía acerca de la demanda y la apoya.
“Es una demanda absurda donde los representantes del Poder Ejecutivo, demandan al Estado, yo quisiera que el Ejecutivo casualmente nos diga si el haber apoyado por dos años esa Junta Interventora significa que el Ejecutivo está apoyando esa demanda contra el propio Estado”, aseguró.
Asimismo, el Legislador aseguró que pese a que la Junta Interventora plantea una acción ante el Contencioso Administrativo, sus alegatos son de inconstitucionalidad, pues se oponen al nombramiento de representantes de los pueblos indígenas y de organizaciones sociales.
“Si lo que se cuestiona a la nueva Ley es una presunta inconstitucionalidad lo que procedería es la presentación de una acción de inconstitucionalidad con lo cual, lo único que se suspendería, serían las normas específicamente objetadas y no la totalidad de la Ley. ¿Por qué no hicieron eso y recurren a una demanda absurda, que tendrá costos legales multimillonarios para la propia Judesur?”, agregó.
Y es que la nueva Ley contempla además, el nombramiento de nuevos directivos, los cuales debieron empezar labores desde mayo anterior, sin embargo, hasta el momento, los cambios no se han dado.
El socialcristiano añadió que ni la Junta Interventora, ni el Poder Ejecutivo expresaron preocupación por el contenido del texto de la Ley ni en el trámite y en el fondo del proyecto, ni por supuestos perjuicios económicos derivados de su entrada en vigencia, lo que genera mayores dudas.
