San José, 08 ago (elmundo.cr) – La jueza penal Rosaura Chinchilla-Calderón hizo pública una extensa carta dirigida a la exdiputada Pilar Cisneros, figura cercana al proyecto político oficialista, en la que cuestiona el uso de términos como “dictadura” y “golpe de Estado” para describir decisiones de instituciones costarricenses.
En la misiva, fechada el 5 de agosto de 2026, Chinchilla aclara que su intención no es negar los errores del Poder Judicial ni impedir el escrutinio ciudadano. Por el contrario, sostiene que las instituciones públicas deben aceptar las críticas, corregirse y rendir cuentas.
Su preocupación, afirma, surge cuando la crítica deja de sustentarse en argumentos y es sustituida por expresiones que, a su criterio, contribuyen a dividir y a elevar la confrontación política.
“Presentar cada decisión adversa al proyecto político que usted lidera como una conspiración contra ‘el pueblo’ o contra quienes gobiernan y, a partir de ello, lanzar calificativos inadecuados deteriora el debate público y fomenta todo tipo de violencia”, señala la jueza.
Cuestiona el uso de “dictadura” y “golpe de Estado”
Uno de los principales argumentos de Chinchilla gira alrededor del uso de expresiones como “dictadura” y “golpe de Estado” en el debate político costarricense.
La jueza recuerda que en diciembre de 2023 Cisneros calificó una decisión electoral como un “golpe de Estado político-electoral” y habló de una “dictadura legal y constitucional”. También señala que en octubre de 2025 se refirió a una actuación del Tribunal Supremo de Elecciones como un “golpe de Estado institucional”.
Chinchilla sostiene que esas expresiones adquieren una particular gravedad en América Latina debido a la historia de regímenes militares, persecución política, desapariciones, exilio y violencia estatal que ha sufrido la región.
“Un golpe de Estado no es simplemente una resolución que disgusta al gobierno, a la oposición o a una mayoría legislativa”, afirma. Según la jueza, un golpe implica la sustitución o anulación del orden constitucional mediante mecanismos ajenos a este, como la fuerza, la coerción, el desconocimiento de los poderes legítimos o la captura de las instituciones.
En contraste, sostiene que el funcionamiento democrático supone precisamente que los distintos poderes puedan controlarse, contradecirse y frustrarse entre sí dentro de las reglas constitucionales.
Apela a la historia de la familia Cisneros
Uno de los elementos más particulares de la carta es la referencia que hace Chinchilla a la historia familiar de Pilar Cisneros.
La jueza recuerda que el abuelo de la exdiputada, Máximo Cisneros Valle, tuvo una extensa carrera judicial en Perú, mientras que su padre, Máximo Cisneros Sánchez, fue abogado, profesor de Derecho, integrante del Cuerpo Jurídico de la Marina de Guerra del Perú y magistrado de la justicia militar.
Chinchilla relata que el padre de Cisneros enfrentó al régimen militar de Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder en Perú en 1968, y que posteriormente salió del país junto con su familia.
Según la carta, el propio relato de Pilar Cisneros da cuenta de que su padre enfrentó un proceso tributario y temió que la sustitución de jueces por magistrados complacientes terminara afectando su situación judicial.
La jueza utiliza esa historia para establecer un paralelismo con la defensa de la independencia judicial.
“Precisamente para evitar actos como esos es que la estabilidad en la judicatura y la independencia judicial son tan preciadas y emergen como un horizonte, siempre mejorable, al que nunca hay que renunciar”, afirma.
Destaca el vínculo de Máximo Cisneros con Costa Rica
La carta también recuerda que Máximo Cisneros Sánchez llegó a Costa Rica y que posteriormente integró la primera Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual fue su primer vicepresidente.
Chinchilla destaca un discurso pronunciado por Cisneros ante la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el 4 de septiembre de 1979, cuando fue recibido como vicepresidente de la recién instalada Corte Interamericana.
Según la jueza, Costa Rica representó para el jurista peruano la demostración de que la independencia judicial podía proteger a una persona cuando el poder político de su país había dejado de ofrecerle garantías.
Chinchilla sostiene que la trayectoria de Cisneros Sánchez debería llevar a reflexionar sobre el valor de una justicia independiente.
“Su vida enseña que la justicia independiente incomoda precisamente porque no pertenece a ningún gobierno”, señala.
“No hay punto de comparación” con una dictadura
La jueza también rechaza la afirmación de que Costa Rica haya vivido una “dictadura de 70 años”.
Según Chinchilla, aunque el país ha enfrentado corrupción, abusos de poder y problemas institucionales y sociales, durante las últimas décadas se han mantenido elecciones, pluralidad política, prensa y funcionamiento del Congreso.
“Por tanto, no hay punto de comparación entre el sistema político que llevó a su familia al exilio y el de Costa Rica, que la acogió”, afirma.
A partir de ese argumento, pide a Cisneros que públicamente aclare que el uso de las expresiones “dictadura” y “golpe de Estado” por parte del Ejecutivo y Legislativo está, a su criterio, fuera de lugar y que inste a quienes las utilizaron a ofrecer disculpas públicas.
Cuestionamiento por las decisiones sobre magistraturas
Chinchilla también se refiere a la controversia alrededor de las magistraturas suplentes y señala directamente la participación que tuvo Cisneros como diputada en la comisión legislativa que votó las nóminas correspondientes.
“Duele que usted, habiendo intervenido como diputada en la Comisión que votó las nóminas de magistraturas suplentes, ahora guarde silencio ante la descalificación dirigida contra jueces y juezas de carrera que se encuentran en esas listas”, señala.
La jueza sostiene que una resolución judicial puede ser cuestionada y que es legítimo considerar que una decisión es errónea, excesiva o jurídicamente insostenible.
Lo que considera peligroso es, en cambio, equiparar una discrepancia institucional con una ruptura del orden democrático.
Chinchilla cuestiona también al Poder Judicial
Aunque la carta constituye una defensa de la independencia judicial, Chinchilla insiste en que su posición no supone una defensa irrestricta del Poder Judicial.
Reconoce que existen errores y problemas que deben corregirse y señala que la institución debe ejercer autocrítica y mejorar los indicadores en los que presenta deficiencias.
“Lo que resulta peligroso es borrar la frontera entre un desacuerdo sometido a procedimientos constitucionales y la ruptura del orden democrático”, sostiene.
La jueza también afirma que ningún poder está por encima de la Constitución y acusa al proyecto político en el que participa Cisneros de haber incumplido mandatos constitucionales relacionados con nombramientos y presupuestos.
Llamado a bajar la confrontación
En la parte final de la carta, Chinchilla le pide a Cisneros utilizar su influencia ante autoridades del Ejecutivo y Legislativo para reducir la confrontación verbal.
“Le imploro que interponga sus buenos oficios ante las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo a las que usted asesora para que cada cual cumpla con los deberes constitucionales que le corresponden y que cese la violencia verbal y simbólica”, expresa.
La jueza concluye defendiendo la necesidad de reformas institucionales, pero dentro del marco constitucional.
“Costa Rica necesita reformas, firmeza y verdad. También necesita serenidad”, afirma. Y agrega que los problemas del país no se solucionan “inventando golpes de Estado o dictaduras por doquier” ni mediante insultos, sino cumpliendo la Constitución y las leyes, respetando los contrapesos y preservando la institucionalidad.
