San José, 17 jun (elmundo.cr) – La Asociación Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) expresó su profunda preocupación ante el avance del proyecto de Ley 24.786, denominado “Luchando por la justicia en el sistema público de pensiones”, al considerar que la propuesta contiene inconsistencias técnicas, financieras y jurídicas que amenazan la seguridad jurídica de miles de jubilados.
La organización sostiene que la intención de homologar el monto máximo de las pensiones del Magisterio con el tope del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desconoce las particularidades históricas y los niveles de cotización de cada sistema.
“Pretender igualar beneficios entre regímenes que tienen historias, requisitos, niveles de cotización y cargas contributivas completamente distintas no constituye un acto de justicia. Por el contrario, rompe el principio básico de proporcionalidad entre lo aportado y lo recibido durante la jubilación”, afirmó Roxana Salazar Bonilla, vicepresidenta de AJA.
Argumentos contra la propuesta
Según la asociación, el proyecto presenta serios cuestionamientos:
- Desigualdad contributiva: Mientras los afiliados al Régimen Transitorio de Reparto (RTR) han cotizado históricamente entre un 5% y un 16% de su salario —y continúan aportando incluso estando pensionados—, los trabajadores del IVM realizaron aportes significativamente menores durante su vida laboral y no contribuyen al régimen tras jubilarse.
- Riesgos de inconstitucionalidad: AJA advierte que la iniciativa contraviene resoluciones de la Sala Constitucional (como la N.° 19030-2018), que prohíben afectar beneficios otorgados antes de la entrada en vigencia de nuevas normativas. Además, señalan que las deducciones propuestas podrían alcanzar hasta un 60% del monto nominal, superando el límite del 50% fijado por la jurisprudencia constitucional.
- Efecto regresivo: La organización denuncia que el proyecto es “altamente regresivo”, ya que las reducciones más severas recaerían sobre pensionados de ingresos medios, mientras que algunas de las pensiones más altas quedarían excluidas de los mayores impactos.
Cuestionamientos técnicos
La AJA también cuestionó el estudio que respalda la iniciativa, señalando que no cumple con el Reglamento Actuarial del CONASSIF y presenta vacíos de información reconocidos por sus propios autores. Esta postura coincide con las advertencias realizadas previamente por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) durante la discusión legislativa, donde se instó a fortalecer la fundamentación técnica del proyecto.
“Detrás de cada pensión existe una persona que dedicó décadas al servicio público. Muchos de los potenciales afectados son educadores jubilados que trabajaron durante más de treinta años en escuelas y colegios del país”, puntualizó Salazar.
La Asociación reiteró su disposición de participar en el debate legislativo para aportar criterios técnicos que permitan soluciones sostenibles, siempre bajo el respeto a los derechos adquiridos y los principios constitucionales del país.
