San José, 17 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes lanzó una alerta sobre el progresivo debilitamiento de la producción nacional de frijol, advirtiendo que esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria, el derecho al trabajo digno y el desarrollo de las zonas rurales en Costa Rica.
El informe, titulado “Análisis del acceso al crédito y estrategia de rescate de la producción nacional de frijol desde un enfoque de derechos humanos”, detalla una caída acumulada del 25,9% en la producción de este grano básico entre 2006 y 2024.
Según el ente defensor, el financiamiento para este sector ha sido históricamente marginal, representando menos del 0,20% del crédito agropecuario nacional. La situación es aún más crítica desde 2021, cuando el apoyo financiero descendió a niveles de entre el 0,01% y el 0,02%.
“El rescate del subsector frijolero no debe verse únicamente como una política agrícola, sino como una estrategia nacional para garantizar derechos humanos, fortalecer la soberanía alimentaria y promover un desarrollo rural más inclusivo y sostenible”, enfatizó la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
Barreras estructurales
La investigación señala que el sistema financiero agrícola costarricense prioriza actividades de mayor escala y menor riesgo percibido, como la ganadería bovina y el cultivo de café, dejando a los pequeños productores de frijol sin acceso a recursos productivos.
Además, el estudio identifica brechas significativas:
- Concentración territorial: Los recursos financieros se concentran en las regiones Central y Huetar Norte, dejando rezagadas a las zonas rurales periféricas.
- Brecha de género: Las mujeres productoras enfrentan mayores obstáculos para obtener créditos debido a limitaciones en el acceso a la propiedad de la tierra y falta de garantías patrimoniales.
Para la Defensoría, la reducción sostenida de la producción nacional aumenta la dependencia de las importaciones, exponiendo al país a riesgos ante crisis internacionales, eventos climáticos extremos y fluctuaciones en los precios globales.
Ante este panorama, la institución instó a las autoridades gubernamentales a revisar los mecanismos de financiamiento actuales y adoptar políticas diferenciadas que reconozcan a la producción agrícola nacional como una “infraestructura social estratégica”, equiparable en importancia a sectores como la salud y la educación para garantizar la estabilidad social del país.
