San José, 23 feb (elmundo.cr)- Los presupuestos para construir carreteras, atender emergencias, becas, rehabilitación por alcoholismo, teatros y museos pasarán por la Asamblea Legislativa.
Con 37 votos a favor los diputados aprobaron en segundo debate el expediente 20.203 denominado: Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados.
La norma obliga a 61 instituciones descentralizadas enviar sus planes de gasto a la Asamblea para obtener el visto bueno de los legisladores.
Actualmente estos presupuestos solo reciben el visto bueno de la Contraloría General de la República.
De ahí que entidades como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Fondo Nacional de Becas (Fonabe_, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), entre otros deberán rendir cuentas, en el Congreso, sobre sus recursos.
Por ejemplo: el presupuesto anual de ingresos aprobado para el Conavi para el año 2017 fue de ¢383.642,3 millones, pero en el Congreso no se conoció.
Esta iniciativa permitirá una mayor fiscalización de los recursos y garantizar austeridad, dijo el diputado de Alianza Demócrata Mario Redondo.
“El tema es importante porque permite ampliar el control político y la fiscalización sobre cómo se invierten millones que hoy en día no pasan por el Congreso, sino que son presupuestos que se iban directamente para Contraloría y en el presupuesto de la República que presentaban aquí, sólo aparecía un rubro enorme que decía, por ejemplo,150 mil millones para Fodesaf, o para Conavi”, señaló Redondo.
En la iniciativa, la Contraloría General de la República, explica que un efecto inmediato y beneficioso para las finanzas públicas es que la propuesta de incluir los órganos desconcentrados dentro del Presupuesto Nacional provocaría una reducción del déficit del Gobierno Central del 0,33% del PIB, como porcentaje mínimo aunque podría llegar a ser un poco más elevado, por la combinación de dos factores.
Por otra parte, el modelo propuesto eliminaría las transferencias de presupuesto nacional hacia los órganos desconcentrados porque sus asignaciones de recursos estarían dentro del presupuesto y, por tanto, el monto ejecutado corresponderá a lo efectivamente gastado por estas instituciones.
