San José, 2 jun (elmundo.cr) – La actividad apícola en el Pacífico Central enfrenta una crisis crítica tras la denuncia de un envenenamiento masivo de colmenas provocado por el uso irresponsable de insecticidas en cultivos agrícolas.
La Asociación de Apicultores Unidos del Pacífico Central (APIPAC) informó que, solo durante el mes de mayo, se registró la pérdida de 80 colmenas en el apiario del productor David Espinoza, situado entre La Ceiba de Orotina y Bajamar de Garabito. Según los análisis preliminares, la causa del deceso fue la exposición al insecticida Fipronil, una sustancia altamente tóxica para los polinizadores.
Este incidente se suma a una preocupante cadena de afectaciones a nivel nacional, incluyendo la pérdida de más de 150 colmenas en la Zona de Los Santos el pasado 10 de mayo. En total, desde enero hasta la fecha, los productores del Pacífico Central han contabilizado aproximadamente 300 colmenas afectadas, lo que equivale a 18 millones de abejas muertas y pérdidas económicas estimadas en 30 millones de colones.
“Los apicultores expresamos nuestra profunda indignación y una creciente sensación de desprotección, ya que, pese a años de reiteradas denuncias por hechos similares, estas no han recibido un seguimiento efectivo, ni han derivado en sanciones ejemplares o medidas preventivas reales”, señaló la organización en un comunicado.
La problemática, que ha sido una constante en la agenda ambiental del país, pone en riesgo no solo la producción de miel, sino el equilibrio ecológico y la seguridad alimentaria debido a la reducción de la polinización de especies silvestres y cultivos.
Aunque la Sala Constitucional ordenó recientemente el retiro de insecticidas que contengan Fipronil tras denuncias de apicultores en Lepanto, y el Gobierno ha avanzado en un proceso de retiro paulatino de esta sustancia, los productores denuncian que la falta de control en las fumigaciones agrícolas continúa agravando la situación.
APIPAC, que agrupa a 16 familias productoras, hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que asuman su responsabilidad, detengan estas prácticas y eviten el archivo de denuncias, las cuales, según los apicultores, han alimentado la impunidad en la región.
