San José, 06 jun (elmundo.cr)- Los diputados del Movimiento Libertario, Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alberto Alfaro presentaron el proyecto de ley “Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del Ordenamiento Jurídico”.
La finalidad del mismo es dar inicio a un proceso de depuración normativa obsoleta o en desuso, con el fin de mejorar la calidad del ordenamiento jurídico, para que se convierta en un instrumento adecuado al servicio de la sociedad y no en un obstáculo.
La propuesta de ley señala, que si no existe un proceso constante y ordenado de eliminación de leyes que ya han cumplido su función histórica, se atenta gravemente el principio de seguridad jurídica, ya que tanto la Administración como el administrado no sabrán con certeza cuál es la norma que deberá aplicarse, para dirimir una situación concreta, en virtud de la existencia de leyes que parecen regular la misma situación, aunque en diferentes estadios históricos.
“Consideramos que las leyes deben estar diseñadas para dar respuesta a las necesidades y que permitan enfrentar cambios que vivimos hoy. Es necesario contar igualmente con mecanismos de depuración legislativa que procuren un sistema jurídico actualizado, de manera tal que tanto el ciudadano como el Estado tengan la certeza y la confianza de conocer y aplicar las normas que efectivamente están vigentes, sin dudas ni cuestionamientos”, afirmó Guevara.
Asimismo, se le otorgan al Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi) competencias oficiales, a efectos de desarrollar una clasificación oficial de las leyes y mantener la legislación vigente únicamente; de modo que sea factible en cualquier momento conocer las leyes que regulan las distintas materias de la clasificación oficial y realizar el trabajo de concordancias y de adaptación del ordenamiento jurídico, mediante la inclusión de notas, remisiones y acotaciones que sean necesarias.
Dicha propuesta había sido promovida por la exdiputada Gloria Bejarano en el periodo 2010-2014, incluso en el 2011 se conformó una comisión especial, en donde participaron funcionarios de la Procuraduría General de la República, Asamblea Legislativa, Colegio de Abogados y la Universidad de Costa Rica, para realizar el análisis de la legislación vigente obsoleta.
Sin embargo, el proyecto fue archivado.
