San José, 16 oct (elmundo.cr) – El informe “Libertad en la red 2024: La lucha por la confianza en Internet” de Freedom House señala un aumento en la intimidación en redes sociales contra los opositores del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
El informe reconoce que Costa Rica sigue teniendo uno de los entornos en línea más abiertos del mundo, donde los usuarios disfrutan de un acceso sin restricciones a los contenidos en línea y sus derechos a la libre expresión están ampliamente protegidos por las leyes y los tribunales. Costa Rica logra una calificación de 85/100.
Sin embargo, señala que ha aumentado la intimidación contra críticos del Gobierno de Chaves, principalmente periodistas lo que “ha comenzado a socavar la sólida tradición de libertad de prensa del país”.
“La prevalencia del discurso de odio en línea y otras formas de violencia digital —incluidos informes de amenazas de muerte contra periodistas y otras personas críticas del gobierno— plantea un desafío constante para la libertad de expresión y la seguridad física de los usuarios de Internet”, indica el informe.
Además, hace referencia a un informe de noviembre de 2022 del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica que encontró que muchos periodistas costarricenses habían dejado de informar sobre temas relacionados con el gobierno o se habían autocensurado en las redes sociales.
“Entre los periodistas costarricenses encuestados, el 80 por ciento indicó que había eliminado material de sus redes sociales personales o limitado de alguna manera su identidad digital; el 60 por ciento dijo que había eliminado publicaciones en las redes sociales para proteger su propia seguridad o la de su familia”, recalca.
De igual forma recalcan que en los últimos años, el presidente Chaves y otros funcionarios del gobierno han utilizado las redes sociales para desacreditar el trabajo de los periodistas y lanzar campañas de desprestigio contra los críticos del gobierno.
En el informe se le bajó la calificación de 3 a 2 en el apartado de restricciones económicas a los medios, debido a las acusaciones de que se ordenó a ministros de Gobierno suspender la publicidad estatal en cuatro medios de comunicación.
