San José, 2 nov (elmundo.cr) – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, informó que la empresa Infinito Gold pagó el pasado 27 de octubre, un monto que asciende a $300 mil, con lo cual se reanuda el proceso de anulación y con ello, el arbitraje de Crucitas.
Según explicó el mandatario, fueron notificados a escasos días de que se venciera el plazo para que la compañía internacional pagara, ya que de lo contrario, se confirmaría el laudo del tribunal arbitral del CIADI, que es un órgano especializado del Banco Mundial, ubicado en Washington , le dio la razón al país.
“Seguiremos ejerciendo una defensa adecuada y responsable de los intereses del Estado, a través de COMEX, particularmente tomando en cuenta que el tribunal arbitral dictó una resolución favorable para Costa Rica la cual defenderemos hasta el final. Con esto, estamos defendiendo al país, su soberanía. Estamos reafirmando que somos un país que protege al medio ambiente y eso nos distingue del resto”, detalló Chaves.
El tribunal arbitral del CIADI le dio la razón al país el 3 de junio de este año, cuando a través de un laudo arbitral en el cual determinó que Costa Rica nunca le denegó justicia y derecho de defensa al inversionista, que el país tenía su derecho de establecer sus políticas ambientales y que la empresa no logró demostrar el daño que alegaba.
Al respecto el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, confirmó que será un proceso legal largo, pero que vale la pena por defender a Costa Rica. Además, manifestó que desde el Ministerio de Ambiente y Energía seguirán realizando las inspecciones y denuncias que salgan producto de los monitoreos y visitas realizadas por parte de los equipos técnicos del MINAE y otras instituciones de gobierno como parte de la implementación de los Planes remediales que se ejecutan.
En el 2008 el Gobierno de ese entonces pretendió crear un proyecto de minería a cielo abierto en la Zona de Crucitas en San Carlos, por medio de una concesión a la empresa Industrias Infinito Gold. El Gobierno incluso declaró este proyecto de interés público.
Esa concesión era ilegal por el impacto ambiental que significaba, así como la declaratoria de interés que el Gobierno hizo sin los estudios técnicos respectivos. Así fue declarado por el Tribunal Contencioso Administrativo que se trajo abajo la concesión en el 2010 y que obligó a la empresa Infinito Gold a pagar por el daño ambiental.
A partir de entonces el país entró en un conflicto con la empresa Infinito Gold que requirió de un arbitraje internacional con el CIADI, que es un órgano especializado del Banco Mundial, ubicado en Washington. La empresa pretendía, entre otras cosas, que el país le pagara por las inversiones realizadas y las supuestas ganancias dejadas de percibir al anularse la concesión. Ambos montos suman un total de $394,8 millones (más de ₡244 mil millones). El 3 de junio de este año Costa Rica ganó. El tribunal arbitral del CIADI le dio la razón al país.
