San José, 15 may (elmundo.cr) – El diputado de Pueblo Soberano, Antonio Barzuna, señaló que “las primeras palabras en este Plenario Legislativo son para saludar a los 145 mil estafados del caso Coopeservidores”.
Barzuna recordó que “este diputado, también es un estafado más de un sistema financiero y de supervisión corrupto. Un caso de más de 1.400 millones de dólares en activos, en donde lamentablemente se juntaron una muy mala administración con una pésima supervisión por parte de las entidades encargadas de generar las alertas a los miles de ahorrantes que estaban confiando en el sistema”.
“Esta estafa que sufrimos es una de las razones por las cuales estoy aquí. Mi celular empezó a sonar para avisar de ahorrantes que lamentablemente habían tomado la decisión de quitarse la vida, de suicidarse al ver que todo su esfuerzo y trabajo de una vida entera se los habían robado”, aseguró.
El diputado explicó que “derivado de lo anterior, se acciona un proceso de intervención y resolución por parte del Consejo Nacional de Supervisión Financiero, Conassif, donde la ley le otorga todo el poder a un funcionario público y en nuestro caso lo nombraron supervisor, interventor y resolutor al mismo tiempo al funcionario sujeto, generando un evidente conflicto de interés”.
“El día de ayer (miércoles) presenté el proyecto de ley número 25.594, el cual fortalece y llena tres vacíos que habían quedado en la ley que nos exigió la OCDE, Ley de Garantía de Depósitos y Procesos de Resolución de Entidades Financieras, Ley 98.16″, agregó.
Barzuna indicó que “las tres reformas puntuales son las siguientes. 1. Darle voz y voto a los ahorrantes durante el proceso de resolución. Nunca más tener que ir a las calles para ser escuchados los dueños del dinero. 2. Prohibir que el mismo funcionario sea el que supervisa, luego nombrado Interventor y finalmente nombrado Resolutor, generándose un conflicto de interés evidente. 3. Unificar el fondo de garantía que genera dicha ley para que no opere con tres compartimentos”.
“Estas reformas representan uno de mis compromisos de campaña con miles de ahorrantes e inversionistas que tanto nos apoyaron en la elección pasada”, manifestó.
Con respecto al caso Aldesa, el legislador indicó que “este caso es muy triste. Tiene muchos adultos mayores que lamentablemente fueron engañados y estafados y han ido muriendo sin ver justicia pronta y cumplida. Este caso lleva más de nueve años en trámite en el Poder Judicial, generando una destrucción de valor para los estafados. Un testimonio claro y cruel es el de la familia Fernández, que se vio en la necesidad de cerrar un negocio familiar de 121 años de historia aquí en el centro de San José”.
Mientras que sobre el caso BCR-Safi dijo que “confiaron todos sus ahorros en un banco estatal y lamentablemente también fueron estafados con una vulgar compra de unas bodegas en Puntarenas, con un sobreprecio de 40 millones de dólares. Este caso es muy evidente, ya que el mismo día en que el Comité de Inversiones del Banco de Costa Rica aprobó la compra, los miembros de dicho comité estaban abriendo cuentas bancarias en Panamá”.
“Todos estos casos de corrupción son los que quiero ir a investigar a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de esta Asamblea Legislativa, para visibilizar a muchos delincuentes con tacones y corbata que lamentablemente se nos han metido en nuestras instituciones”, concluyó.
