Heredia, 17 oct (elmundo.cr) – El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante los actos de violencia política perpetrados en contra de las diputadas Andrea Álvarez Marín del Partido Liberación Nacional (PLN) y Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio (FA), las cuales han recibido un correo electrónico con amenazas de muerte, tal y como ha sido señalado por las afectadas de manera pública.
El IEM rechaza la violencia política sea cual sea la manifestación de donde emane y denuncia las terribles prácticas que se han ejercido en contra de las mencionadas diputadas.
En los últimos dos años, el aumento exponencial de la violencia en nuestro país ha venido acompañado de un preocupante incremento de casos en los que mujeres políticas que no forman parte del oficialismo han sido blanco de descalificaciones, amenazas, intimidaciones y ataques, tanto en redes sociales como en la esfera pública.
Esta violencia no solo atenta contra las personas afectadas, sino que constituye una amenaza directa a nuestra democracia, al intentar generar un clima de miedo, acallar las voces críticas, restringir la competencia política y sofocar el disenso, aseguran.
Este tipo de agresiones representan un grave retroceso en los avances democráticos de nuestro país, afectando también de manera significativa la participación política de las mujeres. Costa Rica, como firmante de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y comprometida con la Plataforma de Acción de Beijing, debe garantizar la participación plena y libre de violencia de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el político.
Ante este contexto, el IEM emite un llamado urgente a renunciar al uso de la violencia como medio de acción política. Condenamos firmemente la utilización de la fuerza, la incitación al odio, la coacción y las amenazas, ya que debilitan el debate democrático y dificultan el diálogo fundamental para el avance de la nación.
El Instituto exige a las autoridades judiciales y de seguridad que actúen con prontitud y severidad para identificar y castigar a las personas responsables de dichas agresiones. Asimismo, se hace un llamado al Gobierno para que asegure la protección y la seguridad de las diputadas, permitiéndoles ejercer sus responsabilidades sin preocupaciones sobre su bienestar físico y emocional.
Finalmente, hace un llamado a todos los actores políticos y a la ciudadanía a rechazar y condenar la violencia de género, tanto física como digital, y a promover el diálogo respetuoso y pluralista como base de una democracia saludable.
Se insta también a las organizaciones de mujeres a mantenerse vigilantes frente a posibles nuevas acciones de violencia y a alzar nuestras voces con firmeza en defensa de los derechos de las mujeres en la política. “Es fundamental que nos unamos para denunciar cualquier intento de intimidación y proteger los espacios de participación política libres de violencia y coacción. Solo a través de la solidaridad y la acción conjunta podremos garantizar una democracia más inclusiva y justa para todas”, afirmó el Instituto.
