San José, 30 mar (elmundo.cr) – El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó una denuncia contra la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) por haber publicado un reglamento para aplicar la portabilidad en la telefonía fija.
Según un comunicado de prensa emitido por el ICE, tal reglamento es contrario a la Constitución Política y al Tratado de Libre Comercio, ya que en este último se le dio la exclusividad a la estatal sobre la telefonía fija.
El ICE presentó una acción de inconstitucionalidad que ha sido admitida para estudio, según la resolución que fue publicada este 30 de marzo en el Boletín Judicial número 61.
“A juicio del ICE, esta reglamentación es contraria a la Constitución Política (artículo 121, inciso 14) y al anexo 13 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, así como al artículo 28 de la Ley General de Telecomunicaciones y al artículo 7 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones”, dice el comunicado de prensa.
Según Jaime Palermo, gerente de Telecomunicaciones del ICE, este acto administrativo emitido por el Consejo de SUTEL resulta inconstitucional por constituir una vía administrativa que introduce competencia en la prestación del servicio público de telefonía básica tradicional o telefonía fija sin contar con la concesión correspondiente.
“Tanto la Constitución como el TLC y las leyes citadas mantienen la telefonía fija como un servicio público en Costa Rica que no fue abierto a la competencia y que para cuya explotación se requiere una concesión especial legislativa, que hasta el día de hoy solamente le ha sido otorgada al ICE”, agregó Palermo.
Según datos de la SUTEL, a finales de 2014, 4,7% (41.249 suscriptores) de ese mercado de telefonía fija estaba en manos de privados.
En setiembre anterior, el ICE interpuso una demanda contenciosa administrativa contra esa misma resolución, con miras a que la Superintendencia ratifique la naturaleza única y social de la telefonía fija, que exige una concesión especial legislativa para su prestación.
