San José, 11 ago (elmundo.cr) – La reciente declaratoria de “Secreto de Estado” sobre la información, archivos y presupuestos de órganos clave de seguridad nacional ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos.
Juan Carlos Hidalgo, líder del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó la amplitud del decreto firmado por la presidenta de la República, Laura Fernández, advirtiendo que esta medida podría utilizarse para blindar compras tecnológicas cuestionables y evadir la rendición de cuentas.
El Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, publicado este lunes, establece una reserva absoluta de información sobre el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo de trabajo “Fuerza Élite”. La medida abarca desde planes operativos y mecanismos de inteligencia hasta expedientes de contratación pública, proveedores y presupuestos.
Para Hidalgo, el riesgo principal radica en que el Gobierno utilice este “paraguas” de confidencialidad para adquirir tecnología de vigilancia invasiva sin supervisión.
El dirigente recordó las declaraciones del ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien en junio pasado anunció la incorporación de tecnología desarrollada por el Mossad de Israel para combatir el contrabando, sin brindar detalles técnicos ni aclarar los controles de uso.
“El gobierno está muy interesado en obtener la licencia de un poderoso software espía israelí que ya ha sido utilizado por gobiernos en la región a los cuales el chavismo admira muchísimo”, señaló Hidalgo, haciendo referencia a antecedentes regionales donde herramientas similares han sido empleadas para monitorear a periodistas, empresarios y opositores políticos.
El líder socialcristiano enfatizó que, bajo el nuevo decreto, no solo se facilitaría la compra de este tipo de tecnología sin control, sino que se prohibiría a los medios de comunicación informar si existiera evidencia de su uso contra figuras de la sociedad civil.
“Es natural que ciertas cosas relevantes a la seguridad nacional se manejen como secretos de Estado. Pero este decreto del Ejecutivo va muchísimo más allá y ciertamente pone en peligro garantías constitucionales”, agregó Hidalgo.
La preocupación no es aislada. Expertos en seguridad, como el exministro Gustavo Mata, han advertido que el secreto de Estado podría emplearse para ocultar asuntos ajenos a la seguridad nacional, permitiendo que el Ejecutivo eluda los controles de la Contraloría General de la República en contrataciones directas.
Hasta la fecha, el Gobierno no ha detallado las especificaciones técnicas ni los marcos legales que regirán el uso de las herramientas de inteligencia adquiridas, manteniendo el tema bajo un hermetismo que, según Hidalgo, solo alimenta la desconfianza sobre el respeto a la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
