San José, 29 nov (elmundo.cr) – El Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtieron la inconveniencia de un proyecto de Ley que pretende generar condiciones de ventaja a las cooperativas, frente a los bancos públicos y privados.
Así consta en los oficios DGH-422-2017 y PDC-0145-2017 del 27 y 28 de noviembre respectivamente, y de los cuales EL MUNDO tiene copia.
El proyecto en el ojo de la polémica es el tramitado en el expediente 20.256, denominado “Ley de Reforma a la Ley Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas”.
La iniciativa pretende autorizar a las cooperativas de ahorro y crédito a captar recursos del público y prestar dinero a no asociados, tal y como si fueran bancos. Sin embargo, tendrían el beneficio de no estar sometidas a supervisión ni tener que pagar los impuestos y contribuciones que deben hacer los bancos.
EL MUNDO publicó el pasado 23 de noviembre una noticia donde daba a conocer el trato preferencial que tendrían las cooperativas frente a los bancos, con el agravante de que una fuga de clientes desde los segundos a los primeros, traería consecuencias económicas para el Estado.
LEA: Diputados impulsan plan que pone en desventaja a bancos frente a cooperativas
SEÑALAMIENTOS. Mediante dos documentos distintos, las tres instituciones hicieron saber a los diputados que el proyecto de Ley no es conveniente para el país.
Hacienda dijo que el proyecto de Ley pretende desnaturalizar las Cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que la redacción propuesta abre la posibilidad a que estos entes puedan realizar actividades con terceros no asociados, lo cual en el caso particular las pondría en una posición muy similar a la que tienen las entidades bancarias nacionales.
Sin embargo, esa equiparación es desigual, pues como lo señaló EL MUNDO, las cooperativas de ahorro y crédito mantendrían los privilegios fiscales de los que gozan hoy y no asumirían las cargas fiscales que tienen las entidades bancarias nacionales.
Primeramente, las cooperativas estarían exentas de girar un 10% de sus anualidades netas -después de descontar el impuesto sobre la renta- al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), giro que sí deben hacer los bancos públicos.
En segundo lugar, los bancos privados quedarían en desventaja pues mientras ellos deben destinar el 17% del peaje bancario a Banca para el Desarrollo, las cooperativas no estarían sujetas a esa obligación. También, los bancos privados y estatales deben pagar un 30% por concepto de Impuesto Sobre la Renta, pero las cooperativas están exentas de ese tributo y en su lugar, los excedentes que se distribuyen a los asociados pagan solo 5% de impuesto único y definitivo.
Asimismo, no se cobraría el 8% por concepto de renta sobre los intereses que generen los títulos emitidos por las cooperativas, obligación que sí deben cumplir los títulos emitidos por los bancos.
El golpe también se daría al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ya que en la actualidad los bancos estatales deben girar 5% de sus utilidades al IVM, según la Ley de Protección al Trabajador. Sin embargo, las cooperativas no deben hacerlo y el proyecto tampoco lo establece como una obligación.
Finalmente, los bancos públicos deben girar el 5% de sus utilidades a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) y un 3% a la Comisión Nacional de Emergencias. De igual forma, la iniciativa de los diputados no establece que las cooperativas deban cumplir con esas obligaciones.
Por su parte, la Sugef y la Conassif dijeron que el proyecto faculta a las cooperativas a realizar nuevas actividades que les conllevarían mayores complejidades y riesgos, sin que se proponga mejora alguna en la estructura y funciones de los órganos sociales que dirigen la gobernanza de esas entidades, que de por sí en la actualidad presentan deficiencias en su gestión.
“Tampoco introduce ninguna modificación para fortalecer la estructura de capital de las entidades cooperativas, siendo que su capital actual es variable y gran parte de él no tienen las características de permanencia que exigen los estándares internacionales para la asunción de riesgos”, dice el criterio.
Asimismo, ambas entidades coincidieron en que existe una contradicción en la reforma que es contraria a la naturaleza jurídica de las cooperativas de ahorro y crédito, al permitirles realizar oferta pública de valores, lo que les abre la posibilidad de captar recursos del público, independientemente de que sean asociados o no, considerando que el principio primordial de esos entes se concentra en realizar actividades orientadas exclusivamente con sus asociados.
A criterio de Sugef y Conassif, “esta reforma puede ser perjudicial tal y como está planteada”.
