San José, 17 sep (elmundo.cr) – El Ministerio de Hacienda presentó una propuesta de reestructuración de sus 18 áreas legales con el objetivo de hacer más eficiente la recuperación de impuestos adeudados al fisco y optimizar el recurso humano especializado en materia jurídica.
La iniciativa, que actualmente se encuentra en fase de consulta para los funcionarios de la institución, busca corregir problemas detectados como la baja capacidad en la gestión de cobros judiciales, procesos dispersos, flujos de trabajo fragmentados y la duplicidad de funciones.
El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal Porras, señaló que la actual dispersión de más de 200 abogados en unidades administrativas distintas genera riesgos de criterios jurídicos contradictorios.
“Para cobrar bien los impuestos que se le deben al país y devolverle a la gente un servicio eficiente, lo primero es poner orden en nuestra casa. Esta dispersión genera el alto riesgo de que se emitan criterios jurídicos contradictorios y se dupliquen trámites, lo que frena la gestión y afecta la seguridad jurídica de los usuarios”, explicó Carvajal.
La propuesta responde a recomendaciones emitidas por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de que la institución logre “hablar con una sola voz legal”.
Según detalló el jerarca, la nueva estructura pretende:
- Fortalecer la Dirección Jurídica mediante la unificación de criterios.
- Potenciar las áreas de cobro para incrementar la recaudación fiscal.
- Garantizar procesos bajo principios de integridad, transparencia y trazabilidad.
- Sustituir áreas funcionales sin articulación por unidades más robustas y especializadas.
Una vez finalizado el periodo de consulta interna y analizadas las observaciones del personal, el Ministerio de Hacienda trasladará la propuesta a MIDEPLAN para su respectivo análisis y trámite.
Con este cambio, la institución busca consolidar una estructura administrativa más moderna, que permita una capacidad de respuesta más ágil ante las necesidades de los contribuyentes y asegure una interpretación consistente del ordenamiento jurídico nacional.
