San José, 07 ene (elmundo.cr)-El Juzgado Penal de Hacienda fijó una nueva fecha para que comparezcan la apodera corporativa de la constructora Hernán Solís, Mélida Solís Vargas, y tres funcionarios del Conavi, a quienes se les acusa de un presunto delito de Influencia contra la Hacienda Pública.
Tras una consulta enviada por EL MUNDO a la Contraloría General de la República (CGR)-parte denunciante en este caso-, se indicó que las audiencias preliminares están fijadas para el 12 y 13 de marzo de este año.
El 5 y 6 de diciembre pasados, ya se habían llevado a cabo las audiencias preliminares, donde el Juzgado resolvió a favor de un arreglo de pago entre H.Solís y la Procuraduría General de la República, que rondaría los ₡150 millones.
Pese a ello, la Contraloría presentó ante el Tribunal Penal de Hacienda un recurso de apelación que fue declarado con lugar, para impedir que la resolución quedara en firme, puesto que no fue tomada en cuenta al ser parte denunciante en este caso.
Además, la CGR indicó que al no ser partícipe del proceso, quedó “imposibilitada” de hacer una tutela efectiva de la Hacienda Pública, sobre todo al tomar en cuenta que tampoco comparte la propuesta del acuerdo de pago.
Por este caso, la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción acusó meses atrás a la apoderada corporativa de Hernán Solís, al gerente de Conservación Vial de Puentes, Marco Rojas Jenkins, la analista presupuestaria, Ana Ivette Campos Cerdas y la jefa de ejecución presupuestaria, Málaky Aiza Campos, por el supuesto delito de Influencia contra la Hacienda Pública.
Asimismo, la Fiscalía pidió un sobreseimiento definitivo a favor del director financiero, Carlos Solís Murillo.
Los hechos que dieron cabida a un proceso judicial, se remontan al 2011, en época navideña, cuando la empresa constructora recibió casi ₡1.000 millones del Conavi, por 5.790 toneladas de cemento tipo portland que no fue “ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción”.
El Ministerio Público solicitó, el año pasado, la elevación a juicio de este supuesto pago indebido, que se dio durante el desarrollo del proyecto que le fue conferido a la firma constructora, para la ampliación y reparación de la Ruta Bernardo Soto, en el tramo Juan Santamaría-Manolos.
Este medio de comunicación le preguntó al ente contralor que cuáles serán sus peticiones en las nuevas audiencias preliminares y si estarían de acuerdo o no con el monto pactado como parte de un arreglo de pago, sin embargo, no están posibilitados en adelantar criterio al respecto.
EL MUNDO está a la espera de una posición de Hernán Solís sobre este caso, además de cómo se prepara para enfrentar las audiencias preliminares que se programaron para el mes de marzo.
