San José, 14 ene (elmundo.cr) – El diputado liberacionista, Gustavo Viales presentó a la corriente legislativa el proyecto de ley N°21.210, denominado, “Ley de Cero Tolerancia a la Evasión Fiscal”.
Esta iniciativa pretende que, en el caso de delitos tributarios derivados del incumplimiento al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no se pueda dar la conciliación.
Con esta reforma planteada la Procuraduría General de la República deberá llevar a la etapa de juicio la mayoría de los delitos denunciados, evitando que se dé únicamente el pago de la deuda, sino que además se cumpla el propósito de imponer penas privativas de libertad a quienes incurran en estas conductas reprochables.
Dicho proyecto busca dar un papel más relevante a la justicia penal, limitando y restringiendo los supuestos en los que se optaría por aceptar la extinción de la acción penal, mediante una conciliación o una reparación integral del daño, exponiendo así a los evasores a enfrentar el juicio penal y una eventual pena privativa de libertad.
Además, viene a rescatar dos directrices emitidas por el gobierno Chinchilla Miranda en el año 2012, las cuales establecieron lineamientos a seguir por el Ministerio de Hacienda y a la Procuraduría General de la República, para la atención de medidas alternas que se tramitan en los procedimientos penales por denuncias de delitos tributarios.
Es necesario señalar que estas directrices, venían a combatir la evasión fiscal y atacar el fraude fiscal de manera contundente, pero fueron retiradas por el gobierno Solís Rivera mediante otro decreto en los primeros días de su mandato.
En la actualidad Costa Rica presenta una situación fiscal apremiante, producto de una imposibilidad del Estado de tomar medidas concretas para solucionar la brecha entre los ingresos y los gastos del Estado costarricense. Estos han sido atendidos responsablemente mediante nuevos tributos, por lo que acciones que atiendan la evasión y la corrupción son un mandato moral con los costarricenses.
Viales señaló que “el país actualmente tiene una situación crítica y apremiante, la cual debe ser solucionada tanto por los ingresos tributarios del Estado, como por la vía del gasto y la lucha continua contra la corrupción y la evasión fiscal”.
“Dentro de las políticas de control de la evasión, es de interés que los contribuyentes comprendan que al incurrir en los delitos tributarios se están afectando las finanzas públicas, en donde se está dando la espalda al desarrollo del país y no es solidario con el resto de la sociedad”, agregó.
Viales comentó que “por lo que la gravedad de sus acciones u omisiones debe ser sancionada por las penas que el ordenamiento jurídico establece”.
