San José, 15 dic (elmundo.cr) – El exdiputado Otto Guevara denunció que miles de millones de colones de sobreprecios pagados por la CCSS al ICE en contratos vigentes.
El tema salió a colación por el exlegislador, cuando cuestionaba “¿alarmados por las compras directas de mascarillas realizadas por la CCSS?, ¿Por los sobreprecios pagados y la ligereza con que se contrató a proveedores? Ese desastre de las contrataciones directas de la CCSS no termina ahí”.
Ante esto Guevara detalló:
1- La CCSS contrató al ICE años atrás a través de una contratación directa, para brindar una solución de Servicio Administrado para el acceso e interacción con la aplicación denominada “Expediente Digital Único en Salud (EDUS)” en los sitios físicos del primer nivel de atención médica, según los términos del contrato #2013-000081. Ese servicio incluye los servicios de conectividad, red eléctrica y datos del sitio, administración de la red LAN, monitoreo y climatización necesarios para brindar el acceso e interacción de EDUS. Por esos servicios, la CCSS le paga al ICE casi cuatro veces más de lo que podría costarle ese servicio si hubiere realizado una licitación pública. (…), Un sobre costo de $25 millones (casi 15.000 millones de colones).
2- En el 2017, la CCSS suscribe un segundo contrato con el ICE (#2017-00119) . El monto de ese contrato es por la suma de $201 millones. Según estimaciones de algunos expertos, un monto razonable por esos servicios podría haber sido de unos $50 millones, y carísimo, unos $100 millones. Viendo el sobreprecio en el primer contrato, es totalmente factible lo que estos expertos señalan. Solo bastaría una pequeña investigación con proveedores de ese tipo de servicios para validar lo que señalan esas personas.
3- Pero las contrataciones directas con el ICE no terminan ahí. La Junta Directiva de la CCSS acaba de contratar al ICE en forma directa para el servicio de la red de imágenes medicas, aparentemente en una suma cercana a los $50 millones (no se tiene acceso en estos momentos al monto exacto de esa adjudicación ya que hay poca transparencia en la CCSS sobre esa contratación, pero en pasillos se comenta que dicha adjudicación anda entre 47 y 52 millones de dólares). Dicho sea de paso, para poder ofertar dichos servicios, el ICE licitó privadamente por su lado y recibió ofertas entre $17 y $25 millones. El ICE en ese caso actúa como un mero intermediario que por su labor de intermediación estaría obteniendo una utilidad a costa del dinero de los asegurados de la CCSS de unos $25 millones. otros 15.000 millones de colones.
De igual forma, Guevara cuestionó: “¿Por qué la CCSS no realiza una licitación pública para comprar ese servicio? ¿Por qué contratar al ICE con un sobreprecio de casi $25 millones? ¿Tiene el ICE una experticia para hacerse cargo de ese servicio? ¿Por qué varios directivos de la CCSS, incluido el presidente ejecutivo votaron en contra de esa contratación y pidieron remitir el expediente a la CGR?”.
Además, aseveró que “la CCSS y el ICE, haciendo un uso abusivo de la disposición de la ley de contratación administrativa que permite -en casos excepcionales- la contratación directa entre entes públicos, han estado afectando el presupuesto de la seguridad social para beneficiar las finanzas del ICE, y también a proveedores del ICE que son subcontratados como socios comerciales mediante procesos privados de licitación poco transparentes, fuera del radar de la Contraloría General de la República”.
Guevara fue enfático en resaltar que ante este derroche multimillonario de fondos de la seguridad social, a su juicio deben acometerse varias acciones:
1- Investigación en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa abrió un expediente legislativo para investigar las compras directas realizadas por la CCSS al amparo de la declaratoria de emergencia por la pandemia.
2- Auditoría de la CGR. La Contraloría debería realizar una auditoría de esos procesos de compra para determinar el nivel de sobreprecios pagados en los contratos en ejecución.
3- Intervención de la Fiscalía. La Fiscalía debería abrir de oficio una investigación para determinar la posible comisión de delitos vinculados con la incorrecta disposición de fondos públicos, agravados por tratarse de los fondos de la seguridad social.
“La CCSS no solo debe realizar todas sus compras a través del SICOP, sino que debe prescindir de la compra de servicios mediante compras directas con el ICE. Ese tipo de contrataciones directas entre entes de derecho público, concebidas para casos excepcionales, se está convirtiendo en un sistema ordinario de compras en el sector público”, agregó.
“En el caso de la CCSS, esa huida de los procesos de licitación pública ocasiona que se encarezcan dramáticamente los bienes y servicios adquiridos mediante ese subterfugio, y como consecuencia que se deterioren seriamente los fondos de la seguridad social, lo que a su vez explica en parte el deterioro de la atención médica y hospitalaria a los asegurados”, concluyó.
