San José, 11 nov (elmundo.cr) – En sesión de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos se trató el tema de la situación de personas migrantes venezolanas que están en tránsito en Costa Rica y las acciones institucionales que han tomado para la protección integral de sus derechos, las cuales requieren de más y mejor apoyo de recursos para hacerle frente.
Se recibió en audiencia a Marlen Luna, viceministra y directora general de Migración y Extranjería, quien resaltó que el Gobierno busca ayuda internacional para enfrentar los flujos de personas y al mismo tiempo solicitó a los diputados más recursos para la policía de migración, que es la más pequeña de las agrupaciones policiales existente en el país.
La viceministra expresó que la policía general de Migración se ha concentrado en el área de operaciones con 40 oficiales que administran el control de las dinámicas migratorias en el centro del país. “En Los Chiles, hay 8 oficiales que atienden el flujo de salida de los migrantes. Apenas 501 oficiales son la policía dedicada al control migratorio que tiene entre manos el ingreso de personas”.
Resaltó que el tráfico ilícito de personas hacia los Estados Unidos tenía un ingreso en Paso Canoas, pero por el cierre de Nicaragua, se tuvo que abrir un centro de estadía.
La política del 12 octubre de los Estados Unidos tendiente a cerrar las fronteras a los venezolanos, hizo bajar el flujo que era muy fuerte en el sector de Los Chiles, ahora se han identificado personas ingresando y van con destino a Panamá para llegar a este país, Colombia y Venezuela.
Se registraron antes del 12 de octubre en plena crisis a más de 215 mil personas saliendo del Darién. Más de 4 mil llegadas se registraron en noviembre, ahora se mueven diariamente a 400 personas por los cambios en las políticas de los Estados Unidos. Son haitianos, africanos y de la India primordialmente.
La diputada del Partido Liberal Progresista, Johanna Obando, preguntó sobre las políticas para desestimular la migración y los casos de niños en que el PANI ha tomado medidas. La viceministra detalló que ha habido días de 200 personas, una cifra que ha bajado. “Se soporta el flujo cuando van de paso y dado que no ingresan por puesto fronteriza, se les advierte y les obliga a que en un espacio de una semana presenten migración regulatoria del país”, añadió Luna.
El el legislador de Nueva República, José Pablo Sibaja, resaltó el apoyo brindado por las iglesias, así como quiso saber si hay coyotes o personas dedicadas a la trata de personas. La viceministra dijo que salen por Los Chiles, direccionados por las redes de trata de personas, que son controlados por medio de sistemas celulares.
“Traficantes de redes que les prohíben dar información a las autoridades. Cuando se detiene a los sospechosos es para tratar de ubicar la conexión con las redes de trata. Las redes estudian el comportamiento de las autoridades para evadir los controles migratorios. Peñas Blancas tiene toda una estructura de control de los flujos. Se estudia el comportamiento de la red para proceder a desarticular las organizaciones y detener a los miembros de esas organizaciones”, comentó la jerarca.
Finalmente, Luna Alfaro hizo un llamado a los diputados para que aprueben más recursos para enfrentar la dinámica de las poblaciones que se mueven. Informó que ya se hace un esfuerzo en el nivel internacional.