San José, 5 oct (elmundo.cr) – El Gobierno ha tenido como meta la reducción de la cifra total de asesinatos a 545 para el presente año, según el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, sin embargo, lejos de dicha expectativa, el al 6 de septiembre de 2023, la tasa de homicidios
aumentó a más de 600 y contando.
Esto se indica en el informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).
El documento señala que esto deja como evidencia a un país que afronta las consecuencias de la intensificación de “la desigualdad social, desempleo, la poca inversión en educación y la incursión de un narcotráfico sanguinario, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense”.
La M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, indicó que “este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado”.
“Cabe resaltar que los últimos gobiernos han desempeñado sus funciones arraigadas a ideologías autoritarias y un exacerbado punitivismo de corte popular, que lejos de atacar los problemas de violencia y desigualdad, crean otro que atentan contra la libertad de expresión y la protesta social”, agrega.
El informe recalca que el fenómeno actual que padece la sociedad costarricense, “se viene arrastrando desde el 2022, cuando la tasa de homicidios registró un número histórico de 12.6 por cada 100 mil habitantes (656 homicidios), un incremento del 11,56% respecto al 2021″, mientras que para este año, los datos del Poder Judicial hablan de un crecimiento exponencial de los homicidios que pasó de 1,5 por día a 4,2 en los últimos doce meses.
“Uno de los argumentos que se han dado a través del tiempo, pero tiene más énfasis en la actualidad, es que el alza en la tasa de homicidios se circunscribe a la violencia por ajuste de cuentas vinculados con el tráfico de drogas, luchas por territorios y víctimas secundarias de estos procesos, pero también con robos, asaltos, así como feminicidios y se visibiliza una mayor violencia contra infantes, en donde están involucrados otros factores”, agregan.
Además hacen hincapié en la problemática de que podría provocar el mantener, o justificar, un discurso de la violencia centrada en el fenómeno del narcotráfico:
1. Se da una naturalización de dicho tipo de violencia centrada en el tráfico. Es decir, si se asesinan los narcotraficantes entres sí, “no importa”.
2. Da una falsa idea se seguridad para quienes no están en dicha dinámica, y se aísla al resto de la sociedad de la participación de espacios seguros para toda la población.
3. Se invisibiliza el impacto de la violencia generalizada en términos emocionales sobre todas las personas del territorio, lo que incluye la deshumanización de las víctimas.
4. Se le da luz verde a los grupos de narcotraficantes y aliados a legitimar el asesinato a sangre fría como su forma de acción, además de que se legitima el ajuste de cuenta y la pelea por el territorio.
De igual forma explican que “esto se puede hacer visible en el discurso del señor Rodrigo Chaves de inicios de setiembre, al ser preguntado por la situación de violencia, a lo que responde con una explicación centrada en localidades y tipo de disputas, argumentando que “hay que esperar que hayan más””.
“Así mismo, la intervención desafortunada de la diputada oficialista Ada Acuña, al minimizar la situación de violencia haciendo chiste con jugar para la lotería nacional la cifra récord de homicidios de 656”, añaden.
“Este Programa, ya ha analizado que existen una serie de elementos socioculturales, políticos y económicos vinculados lo que se está viviendo hoy en día en el país y que son parte de la violencia estructural, que se resume en cada una de las acciones que el Estado, como garante de los derechos humanos de la población y la paz social, ha dejado de ejecutar para crear condiciones de vida dignas de la población. Se reitera que la violencia no es una consecuencia de pobreza, sino de la creciente desigualdad social en la que camina el país”, concluyen.
