San José, 21 feb (elmundo.cr) – El Gobierno de Luis Guillermo Solís defendió la forma en la que ha actuado ante las publicaciones periodísticas que han revelado que tres de sus viceministras han cobrado el incentivo salarial de prohibición sin tener los requisitos para hacerlo.
Tras el reportaje especial publicado por EL MUNDO ayer lunes, donde se reveló que la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga ha cobrado más de 30 millones de colones por ese incentivo, Casa Presidencial reaccionó con un comunicado de prensa donde afirma que el Gobierno “ha actuado con estricto apego a la legalidad y la transparencia”.
“Aunque las tres situaciones tienen circunstancias muy diferentes, en todas ellas el otorgamiento de alguna compensación al salario base de ¢800 mil se ha fundamentado en decisiones avaladas por las instancias administrativas competentes de sus respectivas instituciones”, dijo Presidencia, responsabilizando de esa forma a los departamentos de Recursos Humanos de las instituciones involucradas, quienes son las que aprueban el pago del incentivo a las jerarcas.
Presidencia consignó que en los casos de las viceministras de Gobernación y de Vivienda, ambas llegaron a acuerdos de pago para devolver al Estado las sumas percibidas de más, aunque Ana Gabriel Zuñiga insiste en que su incentivo está pagado con bases legales que defenderá ante las instancias que correspondan.
“En la situación más reciente, de la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, ella ha ofrecido las explicaciones correspondientes y presentará ante las instancias que sean necesarias las pruebas que en su criterio fundamentan la legalidad del beneficio recibido”, dice el comunicado.
