San José, 21 jun (elmundo.cr) – El Gobierno de Luis Guillermo Solís acumula un centenar de condenas por parte de los magistrados de la Sala Constitucional por haber negado acceso a información pública.
Así se desprende de datos solicitados a la sala de la máxima Corte por EL MUNDO este lunes y entregados por el Centro de Jurisprudencia.
Según la información, entre mayo de 2014 y mayo de 2016 los magistrados han fallado a favor de diputados, periodistas o directores de medios de comunicación y población en general 101 recursos de amparo por negativa de las entidades gubernamentales de entregar información pública.
Cinco corresponden a denuncias presentadas por EL MUNDO. Tres de ellas contra el Ministerio de Comunicación, una contra el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y otra contra el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Rolando González, periodista y diputado de la Asamblea Legislativa afirmó que desgraciadamente la característica de este gobierno es la contradicción.
“En contradicción entra el tema de la transparencia. Una rotunda oposición a dar acceso a la información pública ha hecho que diputados y medios acudamos reiteradamente a la Sala Constitucional y que como es mi caso, ganemos todas las acciones excepto las que desistimos“, afirmó González.
Para el legislador, en el caso de la negativa del Ministerio de Comunicación de entregar la información que EL MUNDO solicitó el pasado 10 de mayo y por la cual la Sala Constitucional acogió tres de los siete amparos presentados por este diario, es mucho más grave por lo que el funcionario debería irse.
“Mi posición es que debe irse, para hacerle el menor daño al Gobierno. Un ministro de Comunicación que niega el acceso de información pública a los medios expone a su gobierno y a su Presidente al escrutinio de los tribunales, a la sanción y algo que no ha ocurrido hasta ahora que alguno de nosotros tome la decisión de cobrar las costas por todos estos juicios perdidos por el Gobierno”, recordó Ulloa, que ha ganado al menos una decena de amparos contra la administración Solís Rivera por la no entrega en el plazo de Ley de información pública.
Precisamente en la actualidad, la indemnización por negar información pública la cual se cobra mediante la ejecución de sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo ronda los 400.000 colones, por lo que en caso de ser cobrados todos el dinero que debería destinar el Gobierno para subsanar su error superaría los 40 millones de colones.
No hace falta regulación; hacen falta pantalones
Yamileth Angulo, directora de EL MUNDO afirmó que es lamentable que el ministro de Comunicación intente engañar para justificar su incapacidad y su negativa permanente para dar información, que solicitan los medios de prensa.
En un post en su perfil de Facebook, Herrera afirmó que la información solicitada por EL MUNDO fue entregada con solo uno o dos días de retraso, lo cual es absolutamente falso.
Este medio remitió el 10 de mayo siete solicitudes de información, las cuales según la Ley de la Administración Pública deben ser contestadas en un plazo de 10 días hábiles, los cuales vencían el 24 de mayo, sin embargo la información nunca fue remitida.
Para el 27 de mayo, Angulo se apersonó a la Sala Constitucional para presentar los recursos de amparo por violación al acceso de información pública y conforme eran acogidos para estudio, la Sala IV comenzó a notificar al Ministerio de Comunicación sobre las denuncias.
La Sala no notificó los siete amparos de forma conjunta, sino en momentos diferentes. Esto fue el motivo por el que los demás amparos fueron rechazados, aunque la violación a los plazos de Ley es evidente y está debidamente documentada.
Inclusive, Angulo reconoció que bastaba con que el Ministerio informara mediante un correo electrónico que requería de más tiempo del establecido en la Ley para reunir toda la información requerida, lo cual no hizo.
La información solicitada no fue entregada sino hasta después de la interposición de los amparos, de forma poco clara y desordenada. La directora de EL MUNDO destacó que inclusive la información que les remitió el Ministerio de Comunicación sobre la pauta publicitaria que ha pagado Casa Presidencial estaba errónea, por cuanto los funcionarios reconocieron tras la publicación de este diario sobre los datos entregados, que por equivocación duplicaron el costo de una de las pautas.
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“Esperamos que esta no sea la forma regular que se utilice para que el gobierno de la Casa de Cristal de cuentas a los ciudadanos de sus acciones. Costa Rica no merece funcionarios públicos que violen el derecho a la información, uno de los pilares de nuestra democracia”, concluyó Angulo.
Para Rolando González, no es necesario, como lo afirma el Gobierno en reiteradas ocasiones, promulgar legislación que delimite la información pública que debe o no entregarse cuando es solicitada.
La normativa vigente solamente excluye los secretos de Estado o información sensible de los funcionarios públicos, tales como su dirección o número telefónico de ser entregada a las personas que requieran detalles tales como nombres, cédulas y salarios percibidos cuando se trata de trabajadores del sector público.
“La regulación es positiva para determinar con más precisión lo que se llama Secreto de Estado, para lo demás lo que faltan son pantalones y que alguien de la orden en el Gobierno que si sigue esta linea interminable de sanciones en la Sala Constitucional, quien incurra en ello se vaya para la casa, pero aquí ha habido una gran alcahuetería desde la más alta jerarquía”, afirmó el verdiblanco.
No tiene sentido tener un Ministerio de Comunicación
Otto Guevara Guth, diputado del Movimiento Libertario fue más allá y afirmó que no tiene sentido tener un ministerio de Comunicación.
“El Ministerio de Comunicación lo impulsan algunos presidentes con el fin de mejorar la imagen que se tiene de ellos en el público y a mi juicio trata de suplir de esa manera las carencias por el fondo que tienen en su gestión gubernamental, y está demostrado con este caso, así como la anterior administración que el Ministro de Comunicación no es la solución”, afirmó Guevara en entrevista con EL MUNDO.
El libertario pidió al Presidente Luis Guillermo Solís destituir a Mauricio Herrera, Ministro de Comunicación, cerrar dicho Ministerio que no tiene una Ley que lo sostenga y cesar al personal de dicha cartera.
Guevara, quien ganó recientemente amparos por la negativa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de entregarle el detalle de las planillas de las instituciones públicas dijo que tampoco es necesario emitir legislación que regule el acceso a información pública.
“La normativa costarricense es muy clara en que los funcionarios públicos están obligados a dar cuentas de sus actos. Hay un artículo en la Constitución que habla sobre el derecho que tenemos los ciudadanos de pedir información a los jerarcas. En esas condiciones, lo único que se necesita es que el Presidente emita una orden a todos sus ministros y una directriz a todas las presidencias ejecutivas y juntas directivas de las instituciones autónomas de que ante un requerimiento de información de la ciudadanía, de actores políticos o medios de comunicación se debe responder de inmediato con las consideraciones del caso”, agregó.
“No se necesita Ley, se necesita liderazgo en la Casa Presidencial que es lo que no tenemos“, concluyó el legislador.
