San José, 13 ene (elmundo.cr) – Este martes, personeros del Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y de la Dirección de Migración y Extranjería mantuvieron un diálogo con representantes de la comunidad ngäbe-buglé de Sixaola, para atender una serie de solicitudes por parte de la población.
En la reunión virtual, organizada por el alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, la comunidad indígena expuso tres temas relacionados con su situación migratoria, en el marco de la ley “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”.
En detalle, se refirieron a la situación de cedulación para la población indígena transfronteriza, las dificultades que han tenido algunos habitantes para acudir a bonos de vivienda ante irregularidades en su status migratorio y problemas derivados a raíz de la suspensión del servicio eléctrico a 86 familias.
Esta reunión se suma a los esfuerzos realizados por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Viceministerio de la Presidencia sobre Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano (VMP) y la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC) para atender lo relativo a la ley “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza” y el respectivo proceso participativo para dejar en firme el Reglamento.
La representación indígena, que había iniciado una caminata hacia San José para plantear sus inquietudes, aceptó deponer el movimiento a raíz de los acuerdos alcanzados en el encuentro, en los que el gobierno se comprometió a una hoja de ruta para atender sus principales demandas.
En detalle
Situación migratoria. El viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, recordó que el 9 de agosto de 2019, el presidente Carlos Alvarado firmó la ley “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”.
Otárola agregó que, desde mayo anterior, inició un proceso de consulta para reglamentar dicha ley con la participación del TSE, la DGME, el VMP, la DINARAC y representantes indígenas de la comunidad.
Esta consulta, la primera que se realizó en tiempos de pandemia, concluyó en setiembre de 2020 y desde entonces el reglamento se encuentra en proceso de revisión de acuerdo con los trámites previstos. Se espera que sea publicado en los próximos días.
Acceso a vivienda. Con respecto al tema de vivienda, los representantes comunitarios expusieron las dificultades para acceder a una vivienda digna.
Andrea Fernández, viceministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, aclaró que se realizará un proceso de acompañamiento para guiar etapa por etapa el proyecto de vivienda destinado a esta comunidad.
“Nos alegra poder mantener este diálogo tan relevante con estos representantes. Nuestro compromiso como Ministerio será buscar el estado actualizado del proyecto de vivienda para poder brindar información de primera mano a la comunidad”, indicó.
Suspensión de servicio de luz. Con respecto a la suspensión del servicio de luz, el gobierno coordina con el Instituto Costarricense de Electricidad para su reinstalación, tal y como ha sido ordenado por la Sala Constitucional.
Otárola manifestó su compromiso para resolver las inquietudes presentadas. “Desde mayo comenzamos un proceso de consulta a la población transfronteriza ngöbe-buglé sobre las modificaciones al Reglamento de Extranjería. La reunión nos permitió aclarar el proceso de seguimiento a dichas modificaciones, así como escuchar otras necesidades de esta comunidad. Estamos trabajando en la publicación de dicho Reglamento en los próximos días y tomaremos las acciones necesarias para resolver las demás necesidades a la mayor brevedad posible”, puntualizó.
El pueblo ngäbe-buglé de Sixaola está compuesto por cerca de 3.000 personas que habitan en el cantón de Talamanca. El Gobierno sigue trabajando para asegurar que las personas indígenas transfronterizas accedan a la cedulación costarricense, como parte de los esfuerzos por garantizar los derechos de estas poblaciones.
