San José, 06 dic (elmundo.cr) – El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, presentó el proyecto de ley expediente 24.742 que busca poner fin a la obligatoriedad de afiliación de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) a la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de ANDE).
Actualmente, esta afiliación es impuesta por la Ley N.° 12, lo que implica una deducción automática del 3% del salario bruto mensual de los trabajadores del sector.
Propuesta de reforma
La iniciativa, respaldada por los diputados Eliécer Feinzaig, Cynthia Córdoba y Luis Diego Vargas, plantea que la afiliación sea voluntaria. Sin embargo, quienes decidan desafiliarse deberán cumplir con las obligaciones financieras adquiridas previamente, como el pago de créditos, o cancelarlas en su totalidad según los términos contractuales.
El proyecto también establece un periodo de dos años para que la Caja de ANDE reorganice su estructura y servicios, adaptándose a un modelo basado en afiliaciones voluntarias.
Justificación legal y social
En la exposición de motivos, Campos destacó que la afiliación obligatoria contraviene el artículo 25 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de asociación, así como el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“La afiliación obligatoria pudo tener justificación en su momento, pero hoy se considera una carga innecesaria y una limitación al derecho de propiedad y de libre asociación”, argumenta el texto del proyecto.
Los proponentes también señalaron que las condiciones socioeconómicas que dieron origen a la Caja de ANDE en la década de 1940 han cambiado significativamente.
“Actualmente, existen numerosas entidades financieras públicas y privadas que ofrecen servicios competitivos y accesibles, lo que hace innecesaria la imposición de esta afiliación”, agrega la propuesta.
Implicaciones para los trabajadores
El proyecto sostiene que el sistema actual afecta la libertad de elección financiera y el derecho de propiedad de los empleados del MEP, ya que limita el acceso a los recursos acumulados en la Caja de ANDE hasta que cesan sus funciones.
Además, el texto indica que la normativa actual impone restricciones logísticas para disponer del patrimonio aportado, lo que se considera una vulneración a los derechos de los trabajadores.
Trámite legislativo
El proyecto de ley fue presentado durante el periodo de sesiones extraordinarias, por lo que su avance depende de que el Poder Ejecutivo lo convoque. De no ser así, deberá esperar al inicio de las sesiones ordinarias el 1 de febrero de 2025 para iniciar su trámite en comisión.
Esta reforma podría marcar un precedente en la redefinición de las políticas de afiliación obligatoria en instituciones financieras creadas bajo esquemas cooperativos para sectores específicos, adaptándolas al contexto actual.
