Huertas calificó la apertura del centro como una “absoluta vergüenza” y sostuvo que el modelo penitenciario elegido por el Gobierno genera preocupación por sus posibles implicaciones para los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
“Lejos de ser la apertura de ese centro algún motivo de celebración, más bien representa una absoluta vergüenza para un país como Costa Rica que hasta hace pocos años al menos se caracterizaba por una sólida tradición democrática”, manifestó el abogado.
Huertas aclaró que no se opone a la construcción de nuevos centros penitenciarios, pues considera que son necesarios para enfrentar el hacinamiento carcelario. Sin embargo, criticó que la Administración presente una megacárcel como una de sus principales respuestas a la inseguridad.
“El problema no está en la creación de nuevos centros penales, eso es necesario y deseable como una de las medidas para contrarrestar el hacinamiento carcelario que sigue aumentando”, señaló.
No obstante, cuestionó la inspiración del proyecto y afirmó que el Gobierno debería apostar por medidas reales de prevención y seguridad.
“El problema está en que este Gobierno, lejos de realizar cualquier propuesta real de prevención o seguridad, ofrezca como la gran solución una megacárcel inspirada en el modelo dictatorial del CECOT de El Salvador”, expresó.
Cuestiona el modelo penitenciario salvadoreño
Durante sus declaraciones, Huertas cuestionó las políticas penitenciarias de El Salvador y las restricciones a las garantías fundamentales que, según señaló, enfrentan personas detenidas en ese país.
El abogado mencionó las detenciones masivas, las muertes de personas bajo custodia estatal y los casos de menores de edad que, según indicó, fueron encarcelados y posteriormente liberados al no encontrarse pruebas que los vincularan con las pandillas.
También cuestionó que Costa Rica tome como referencia un modelo que, a su criterio, presenta serios problemas en materia de derechos humanos.
“Nos estamos inspirando entonces en un modelo en donde actualmente más del 2,6% de todo el país de El Salvador se encuentra privado de libertad”, manifestó.
Huertas también hizo referencia a las denuncias sobre fallecimientos en centros penitenciarios salvadoreños y a las condiciones de detención de personas menores de edad.
“Entonces, ¿ese es el tipo de modelo que queremos emular? Eso más bien es una absoluta vergüenza”, afirmó.
Las cifras y los señalamientos mencionados por el abogado corresponden a sus declaraciones y requieren verificación independiente antes de presentarse como hechos comprobados.
Advierte sobre riesgos de las megacárceles
Huertas también cuestionó la capacidad de los centros penitenciarios de gran tamaño para cumplir con la resocialización de las personas privadas de libertad.
A su criterio, este tipo de instalaciones puede dificultar el control estatal y favorecer condiciones para que se produzcan abusos y actos de violencia.
“Las megacárceles históricamente no promueven en lo más mínimo la resocialización, que es el único fin válido de la pena en cualquier sistema democrático”, sostuvo.
El abogado advirtió que, cuando un centro alberga a miles de personas, la falta de personal penitenciario suficiente puede dificultar la vigilancia y el control de las instalaciones.
“Centros tan grandes que albergan a miles de seres humanos, el Estado no tiene la capacidad ni la cantidad de policía penitenciaria para controlar a todas esas personas”, indicó.
Según Huertas, esa situación puede propiciar la formación de estructuras criminales dentro de las cárceles y permitir que extiendan sus actividades fuera de ellas.
Como ejemplo, mencionó a Ecuador, donde aseguró que grupos de delincuencia organizada se fortalecieron desde el interior de centros penitenciarios.
“No va a ser la solución mágica”
El abogado concluyó que la apertura del CACCO no resolverá por sí sola los problemas de delincuencia que enfrenta Costa Rica y cuestionó que el Gobierno presente la infraestructura penitenciaria como una respuesta suficiente a la inseguridad.
“Entonces, esta nueva megacárcel no va a ser la solución mágica a nada relacionado con la delincuencia, simplemente es más atole con el dedo de parte del Gobierno a costas de la violación de derechos humanos básicos”, concluyó Huertas.
La inauguración del CACCO está prevista para este miércoles 14 de octubre, en medio de cuestionamientos sobre el modelo penitenciario que servirá de referencia para el funcionamiento del centro.
