Alajuela, 01 Mar (elmundo.cr)- El coordinador de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Alajuela, Giovanni Sandoval Rodríguez, habría incumplido con la prohibición que le interpuso la Contraloría General de la República (CGR), de no participar en decisiones sobre el manejo y gestión de recolección de la basura.
La Contraloría giró la orden en respuesta a la solicitud que en el año 2013 realizó Sandoval Rodríguez, y su esposa Alejandra Araya Alfaro, quien al parecer figuraba como representante de 20 sociedades, algunas de ellas con contratos para la recolección de residuos del cantón alajuelense.
En la resolución, el ente contralor indicó que las compañías en las que la esposa del funcionario es representante podrán continuar con el contrato vigente, pero la pareja no deberá participar de manera directa e indirecta en decisiones en torno al manejo y gestión de recolección de residuos de la municipalidad.
Lo anterior en apego al deber de probidad, y según el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422.
A raíz de esos hechos, la auditoría municipal le advirtió al Concejo Municipal que el jefe de servicios ambientales, en aquel entonces, debía ser separado de su cargo por recomendación de la propia Contraloría, en febrero de 2014.
No obstante, EL MUNDO tiene en sus manos un documento firmado por Sandoval, del 4 de enero de este año, en el cual se abordan temas relacionados con la construcción de un local para la recolección, transporte, almacenamiento y reciclaje de desechos, bodega y taller.
El funcionario, en dicho oficio, además le solicita al arquitecto Marvin Barberena Ríos, coordinador de Actividad Control Constructivo, que se especifique el tipo de residuos y volumen estimado a tratar, descripción detallada del procedimiento a emplear para el tratamiento de los desechos y la descripción del equipo y maquinaria a utilizar.
Su firma en dicho documento al parecer contraviene con lo que expuso en una publicación de Diario Extra, de julio de 2016, donde habría señalado que desde su matrimonio no participaba de manera directa o indirecta en la toma de decisiones de los contratos ni en la gestión de transporte y recolección de desechos sólidos en la Municipalidad de Alajuela.
Araya, su esposa, presuntamente también es gerente de la empresa Tecno Ambiente, la cual estaría vinculada con la sociedad anónima Lubera RBL., que tiene cargo la estación de transferencia de basura en Montecillos de Alajuela.
Con dicha estación, tal y como lo ha venido informando EL MUNDO, persiste un problema que ha sido denunciado por vecinos de la zona, por el supuesto incumplimiento del reglamento el cual impide depositar la basura en el piso y mantenerla de un día para otro.
Estos hallazgos fueron señalados no solo por el Comité de Vecinos Pro Salud, en Montecillos, sino también por la propia Contraloría Ambiental del Minae, que solicitó la intervención inmediata del Ministerio de Salud.
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Sobre este caso en particular, Ileana Roblero Rodríguez, coordinadora de Hábitat de la municipalidad, aseguró que Sandoval no tendría ningún vínculo ni participación relacionada con la empresa donde su esposa ocupa un alto cargo, y la cual además opera la estación de transferencia de desechos.
EL MUNDO está a la espera de una respuesta por parte de la municipalidad, con respecto a la participación de Sandoval en la firma y envío de dicho documento relacionado con los residuos sólidos.
Caso sonado de contratos
Según una publicación de Diario Extra en 2016, el funcionario al parecer se encargaba en aquel entonces de realizar contrataciones de las empresas externas al municipio, que brindan el servicio de recolección de basura.
La información hace referencia a supuestos contratos adjudicados a varias compañías en las que aparecía como representante legal la esposa de Sandoval, lo cual fue denunciado por el diputado Jorge Rodríguez.
Los acuerdos legales que se habrían adjudicado a estas compañías, supuestamente rondaban los ₡1.200 millones, distribuidos en varios distritos y comprendían la recolección de basura y el transporte hasta el relleno sanitario en La Carpio y otros puntos de recepción alejados de Alajuela.
“El contrato para la recolección de desechos se suscribe entre la Municipalidad de Alajuela y Recolectores de Basura de Alajuela S.A, porque Alajuela no tiene el botadero a su disposición y lo que hacen es contratar para la recolección de esos desechos”, manifestó el legislador en aquel año.
En 2016, el diputado le solicitó al municipio una investigación que determinara si existió un acto de corrupción, con la firma de los contratos, e incluso apeló por la intervención de la Procuraduría de la Ética.
