San José, 29 ago (elmundo.cr) – El Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) calificó de retroceso la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de volver a incluir en las cédulas de identidad, el nombre de la madre y padre del portador de dicho documento.
Según un comunicado remitido por la organización, dicha posición la adoptan en representación de múltiples organizaciones por los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans, e intersex), así como de activistas independientes.
“Incorporar nuevamente el nombre de la madre y el padre registrales en la cédula de identidad de las personas, tras 18 años de haberse eliminado esta información en el documento de identidad, es un retroceso en materia de derechos humanos”, afirmó el FDI.
La organización envió una carta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), solicitando que dé marcha atrás con su decisión, que regirá a partir del mes de setiembre.
“El incluir estos datos puede vulnerar la dignidad de las personas y estigmatizarlas”, afirma la organización.
De acuerdo con el FDI, volver a incluir esos datos en la cédula refuerza la idea de que en Costa Rica solo existe un tipo de familia, conformada por madre, padre, hijos e hijas, dejando de lado los otros tipos de familia, incluyendo madre con hijas/hijos, padre con hijas/hijos, abuela y/o abuelo con nietas/nietos, y las familias homoparentales.
Además, agregan que esta decisión causará perjuicios a las personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, por parte de su padre o su madre, ya que se verán forzadas a cargar con el nombre de quien les agredió, en su documento de identidad.
Finalmente, afirman que “no se ha dejado claro qué se hará cuando la persona no tenga padre o madre registral. El dejar un espacio en blanco también es una forma de estigmatización”.
Para el FDI, el Tribunal Supremo de Elecciones no ha dado argumentos que convenzan sobre el por qué debe incluirse nuevamente la información de la identidad del padre o madre del portador de la cédula de identidad.
Diversos integrantes del FDI precisamente han hecho varias consultas al TSE en sus redes sociales sobre dichos motivos, y el TSE ha respondido que el nombre del padre y de la madre es información considerada de “acceso irrestricto” y que esta es importante para identificar personas con los mismos nombres y apellidos, y que existen escenarios prácticos en donde se requiere el nombre de los progenitores.
“Los nombres del padre y madre son de acceso irrestricto y público, y son fácilmente localizables con el número de cédula. Basta un celular, tablet o computadora para poder ingresar a la página del registro civil y encontrar estos datos. Sin embargo, el nombre del padre y madre no es información suficiente ni necesaria para identificar personas con los mismos nombres y apellidos, ya que para eso está el número de cédula”, afirmó el FDI.
Según la organización, el hecho de que hayan pasado 18 años desde que esa información se eliminó de la cédula de identidad, es sinónimo de que no es necesaria.
Mario Arias Chaves, integrante del FDI manifestó que en el TSE no pensaron, al ordenar esta medida, en las personas que han sufrido agresión sexual, psicológica, o física de parte de su padre o madre registral.
“Desde el FDI solicitamos que el TSE demuestre que hubo un análisis técnico previo que establezca la necesidad de esta medida que violenta personas vulnerables e invisibiliza familias históricamente discriminadas”, declaró Arias.
Por su parte, Larissa Arroyo Navarrete, abogada integrante del FDI pidió al TSE que no incluya el nombre del padre y de la madre en el nuevo formato de cédulas.
“Esto resulta una acción violenta para quienes no tienen padre/madre registral y que tendrán que revivir el vacío y el abandono diariamente, o para de quienes sí tienen pero que han sufrido violencia e incluso incesto por parte de estos y que tendrán que vivir con el nombre del agresor o violador en un documento de uso obligatorio, y para quienes no tienen familias tradicionales heteroparentales y que tendrán que ver su derecho a la igualdad de nuevo vulnerado por el Estado costarricense”, concluyó.
