San José, 22 nov (elmundo.cr) – Las diputaciones del Frente Amplio han decidido respaldar la aprobación del crédito de $700 millones destinado al Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, este respaldo viene acompañado de una firme demanda de medidas de transparencia durante la ejecución de los recursos, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los fondos.
El crédito, orientado a más de 500 proyectos de infraestructura, abarcará diversos sectores críticos, como puentes, carreteras, líneas ferroviarias, centros educativos, viviendas, intervenciones en ríos y quebradas, así como en sistemas de aguas. Estas iniciativas se llevarán a cabo en situaciones de declaratorias de emergencia o por riesgo inminente.
Las medidas propuestas por la fracción del Frente Amplio y que buscarán consensuar con otras bancadas en la Comisión de Hacendarios incluyen:
1. Incorporar los recursos del crédito al Presupuesto de la República, sujeto a la aprobación legislativa, en lugar de ser gestionado por vía de Decreto como propuso inicialmente el Ejecutivo.
2. Establecer explícitamente una vinculación legal con la lista de obras que serán atendidas con los recursos.
3. Implementar un mecanismo regular de rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa sobre la ejecución de los fondos y los procesos de contratación.
El diputado Jonathan Acuña enfatizó que estas medidas buscan asegurar la correcta utilización de los recursos y garantizar que las obras, en beneficio de las comunidades, se materialicen de manera efectiva. Recordó que, durante el análisis del proyecto en la Comisión de Hacendarios, el prestamista aceptó en primera instancia reducir la tasa de interés del préstamo.
Acuña subrayó que el respaldo al crédito responde a la urgente necesidad de inversión en obras públicas en numerosas comunidades, donde se requiere la construcción de infraestructura educativa y vial, entre otras necesidades. Sin embargo, reiteró la importancia de incorporar medidas que garanticen la transparencia del proceso de inversión, permitiendo así un control efectivo y la prevención de cualquier indicio de corrupción en el manejo de los recursos.
