Alajuela, 05 nov (elmundo.cr) – El Frente Amplio manifestó su rotundo rechazo ante lo que califican como un intento de condicionar el desarrollo integral del distrito de Turrúcares a la instalación de un relleno sanitario, proyecto que será desarrollado por la empresa EBI.
La denuncia surge tras una reciente visita del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, al distrito alajuelense, donde, según la agrupación política, tanto el mandatario como el regidor Bernal Soto habrían condicionado la atención de necesidades básicas en educación, salud, transporte y agua a la resolución de los conflictos legales que mantiene la empresa con el Estado.
“El desarrollo integral de Turrúcares no puede condicionarse a la instalación de un basurero”, sentenció el Frente Amplio, subrayando que la comunidad ha expresado su rechazo a la construcción del proyecto, denominado por la empresa como “Parque de Tecnología Ambiental”.
La organización política enfatizó que “no vamos a permitir que la desinformación ponga a la comunidad a escoger entre solventar sus necesidades actuales a cambio de aprobar la instalación de un botadero de basura”.
Asimismo, cuestionaron los vínculos de la empresa con el financiamiento de campañas políticas, señalando que “tampoco permitiremos que condicionen la infraestructura vial a la participación de EBI”.
Contexto del conflicto
La disputa legal se remonta a 2011, cuando se otorgaron certificados de uso de suelo que posteriormente fueron cuestionados por la Municipalidad de Alajuela mediante procesos de lesividad, al considerar que contravenían el plan regulador cantonal.
Ante la imposibilidad de avanzar administrativamente, la empresa canadiense Berthier EBI inició un arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La compañía alega que las acciones municipales han afectado sus derechos adquiridos y reclama posibles pérdidas superiores a los 125 millones de dólares.
Por su parte, el Frente Amplio reafirmó su respaldo a las comunidades de Turrúcares en su “derecho a un ambiente sano, a la protección del Corredor Biológico Garcimuñoz y a la atención oportuna de las necesidades de la comunidad”, concluyendo con la consigna: “¡La voluntad de Turrúcares no se vende!”.
