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Frente Amplio propone proteger derechos de usuarios del transporte público

San José, 4 jul (elmundo.cr) – La bancada del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Transporte Público Remunerado que consideran crearía un marco normativo coherente, ágil, eficaz y moderno para tutelar y garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios prestados por el Consejo de Transporte Público (CTP) y regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Según la fracción, la iniciativa elimina duplicidades y vacíos institucionales que obstaculizan la protección de los derechos de las personas usuarias, así como crear procedimientos sencillos que aseguren una respuesta pronta y cumplida a las denuncias.

Otro aspectos de la iniciativa de ley, es que prioriza medidas preventivas y correctivas para el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios y garantiza la reparación integral y oportuna de los daños
y perjuicios causados a las personas usuarias.

La legisladora Rocío Alfaro, informó que la presentación de la iniciativa se enmarca en el aumento tarifario de un 6,73% o hasta ¢605 en poco más de cuatro mil líneas de buses recientemente decretado por la Aresep “a favor de las empresas autobuseras y que recarga en personas usuarias el desbalance financiero que ha generado el aumento global en los combustibles”.

El diputado Antonio Ortega recordó que “el país hoy sufre un colapso del transporte público que se evidencia en servicios ineficientes, rutas obsoletas, tarifas injustas, contaminación ambiental, transporte ilegal, pérdidas económicas, presas interminables, ausencia de fiscalización, corrupción institucional y falta de controles de calidad a las empresas concesionarias”.

Los frenteamplistas recalcaron que con esta propuesta de ley, avanzan a la mejor estrategia para un transporte moderno, justo, sostenible y de calidad, así como con mayor fiscalización ciudadana y con capacidad de la institucionalidad pública para tomar decisiones.

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