Frente Amplio presenta proyecto para asegurar recursos para Seguridad Pública provenientes del impuesto a personas jurídicas

San José, 04 oct (elmundo.cr) – Frente Amplio presenta proyecto que busca asegurar giro de los recursos para Seguridad Pública provenientes del impuesto a personas jurídicas.

Según señalaron “en nombre del cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), entre 2021 y a 2024 el Ministerio de Hacienda dejó de presupuestar 21.274,7 millones de colones de la Ley del Impuesto a Personas Jurídicas (Ley 9428), que corresponderían a inversión en materia de seguridad”.

“Aunque los recursos están destinados por ley de esta manera, lo cierto es que, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas rigen un conjunto de normas que habilitan al Ministerio de Hacienda a no presupuestar o no girar en su totalidad los recursos. Y eso es lo que ha hecho este y el anterior Gobierno: no le pasan todos los recursos a Seguridad Pública, Justicia y Paz y OIJ”, recordó el diputado Jonathan Acuña.

“Por eso, ante la crisis de violencia y criminalidad que azota al país la Fracción del Frente Amplio presentó hoy el proyecto de ley para Asegurar el Destino de Recursos del Impuesto a las Personas Jurídicas para Inversión en Seguridad (expediente 23.978)”, afirmaron.

La iniciativa sigue los pasos de un texto anterior (#21.155) pero adiciona una reforma al artículo 11 de la Ley 9428, para determinar que a los recursos del impuesto a personas jurídicas no le serán aplicables las normas de la Ley 9635 que permiten a Hacienda no presupuestar y girar todos los recursos.

Los recursos provenientes de la recaudación del impuesto a personas jurídicas se distribuyen en un 90% para el Ministerio de Seguridad Pública, un 5% para el Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social y un 5% al Poder Judicial para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Para Acuña de esa manera se logrará “el objetivo de que la totalidad de los recursos de impuesto a personas jurídicas se destine a fines directamente relacionados a la inversión en seguridad pública y no se sigan limitando estos recursos por normas recortistas”.

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