San José, 17 jul (elmundo.cr) – El Frente Amplio ha manifestado su firme oposición al referéndum sobre la por ellos llamada “Ley Chorizo” propuesta por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Según el Frente Amplio, este proyecto de ley, también conocido como “Ley Jaguar”, no solo legaliza la corrupción, sino que también es inconstitucional y no garantiza la construcción de la Ciudad Gobierno.
“¿Por qué nos oponemos al referéndum de la Ley Chorizo?”, explica el Frente Amplio:
1. Inconstitucionalidad
El Frente Amplio sostiene que el proyecto de Ley Jaguar presentado por el Gobierno viola varias normativas y principios fundamentales. En primer lugar, infringe la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz.
Además, el proyecto de ley va en contra del derecho al uso eficiente de los recursos públicos y los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad.
Estos principios son pilares esenciales que aseguran que las leyes y políticas públicas sean justas y adecuadas para el bienestar de la ciudadanía.
2. Legalización de la corrupción
La aprobación de este proyecto de ley limitaría significativamente la capacidad de la Contraloría General de la República (CGR) para fiscalizar los proyectos del Gobierno.
Esta reducción en los controles incrementaría el riesgo de corrupción, permitiendo la manipulación de contratos y la ejecución de obras de baja calidad.
En última instancia, esto beneficiaría a intereses privados a expensas del pueblo costarricense, socavando la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos.
3. No garantiza la construcción de la Ciudad Gobierno
Las reformas planteadas en la Ley Jaguar no aseguran la construcción de obras como la Ciudad Gobierno. Según el Frente Amplio, estas decisiones se toman desde el ámbito gubernamental y no pueden ser determinadas a través de referéndums.
Más preocupante aún, el proyecto abre la posibilidad de que se realicen obras de mala calidad, debido a la falta de control y fiscalización adecuados, lo que podría dar lugar a numerosos chanchullos y prácticas corruptas.
