San José, 18 ene (elmundo.cr) – La agencia internacional de calificación crediticia, Fitch Ratings, rebajó su perspectiva sobre la calificación que ostenta el Soberano de Costa Rica de “estable” a “negativa”, lo que augura futuras bajas en la calificación “BB” que actualmente tiene el país.
Así lo dio a conocer la firma mediante un comunicado de prensa en inglés, divulgado este jueves en su sitio web.
Expresamente, la calificadora señaló que Costa Rica tiene cada vez menos flexibilidad para financiar sus “crecientes déficits presupuestarios y la carga de la deuda pública”, al tiempo que apuntó al atasco institucional persistente en la Asamblea Legislativa, que impide el progreso de las reformas para corregir el desequilibrio fiscal.
Adicionalmente, el informe señala que hay “señales incipientes de exclusión de la inversión privada”, que han incrementado los riesgos a las expectativas previas de Fitch de que la economía costarricense permanecerá aislada del estrés fiscal, al tiempo que el Gobierno depende cada vez más del mercado local para satisfacer sus altas necesidades de financiamiento.
“Las perspectivas inciertas para la reforma fiscal implican grandes déficits continuados y una carga de la deuda que aumenta rápidamente”, advirtió la empresa.
Fitch recordó que en 2016, por primera vez en cinco años, el déficit fiscal de Costa Rica se redujo a 5,2 puntos del Producto Interno Bruto, pero que el déficit presupuestario del Gobierno Central aumentó a un estimado de 5,9 puntos en 2017.
“Las presiones de gasto inercial combinadas con una desaceleración cíclica en los ingresos, en gran parte, anularon las mejoras marginales en la recaudación y contención de costos lograda en el 2015-2016. Fitch espera que estas tendencias continúen en 2018 y que el déficit alcance el 6.2% del PIB”, dice el informe.
Y agrega: “Suponiendo que no hay medidas de consolidación significativas en 2018, se pronostica que el déficit del gobierno general (es decir, incluido el superávit del fondo de seguridad social) alcanzará el 5,2% del PIB en 2018, por encima del promedio de la calificación “BB “del 3,4%”.
La calificadora prevé que el ajuste fiscal se dé hasta después de las elecciones de febrero, a través de una combinación de recortes de gastos y alzas de impuestos, aunque afirmó que ese calendario y el alcance de las medidas que adopte la Asamblea Legislativa “siguen siendo inciertos”.
“Los intentos anteriores de reforma fiscal integral han fracasado en el Congreso proclive al estancamiento o en el Tribunal Constitucional. Las demoras prolongadas en abordar el desequilibrio fiscal de Costa Rica amplificarán los costos de los ajustes futuros y aumentarán los riesgos para el crecimiento”, advirtió Fitch, que proyecta que la carga de la deuda del Gobierno General de Costa Rica, que fue del 44% del PIB en 2017, supere el 46% este año y continúe creciendo fuertemente en el mediano plazo, obligando a la empresa a reducir la calificación que ha otorgado al país.
Aunque la empresa señaló que el Gobierno ha estado buscando mecanismos de financiamiento para sus gastos, advierte que las condiciones de mercado cada vez más estrictas y los obstáculos institucionales persistentes apuntan a crecientes desafíos para cumplir con sus obligaciones básicas.
A finales de diciembre el Gobierno no había recolectado el dinero suficiente para pagar toda su planilla y las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, mientras que a mediados del 2017 no tenía recursos para el pago de ayudas sociales.
Fitch prevé que el alto endeudamiento del Gobierno limite la inversión y el crecimiento. Así, su predicción es que el crecimiento real de la economía de Costa Rica durante este año sea inferior al 4,5% del PIB registrado en el 2016, pero ligeramente superior al 3,4% del PIB registrado en el 2017.
“El probable ganador de las elecciones presidenciales del 4 de febrero de 2018 (y una posible segunda vuelta en abril) es altamente incierto. El escenario base de Fitch asume que el ganador tendrá otro gobierno minoritario y enfrentará desafíos de una legislatura altamente fragmentada. Esto podría complicar la construcción de coaliciones y aumentar la parálisis legislativa y la inercia de las reformas, especialmente en cuestiones fiscales controvertidas”, concluye el comunicado.
