San José, 16 nov (elmundo.cr) – La Fiscalía General de la República confirmó que abrió una causa penal contra el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, por el presunto delito de tráfico de influencias.
La investigación, que se tramita bajo el expediente 26-000116-0033-PE, surge a raíz de una denuncia recibida y de las informaciones divulgadas sobre la actuación del jerarca el pasado miércoles 4 de noviembre en el distrito de Turrúcares, Alajuela.
En dicha actividad, Chaves condicionó una inversión estatal superior a los ₡6.000 millones —que incluía la construcción de un Colegio Técnico Profesional (CTP), un Cen-Cinai, centros para adultos mayores y mejoras viales— a que la Municipalidad de Alajuela desistiera de sus procesos judiciales contra el proyecto de relleno sanitario de la empresa EBI.
“La Fiscalía General indicó que, a raíz de las informaciones divulgadas y de una denuncia recibida, abrió una causa contra el ministro Chaves, dentro del expediente 26-000116-0033-PE, por el presunto delito de tráfico de influencias, en relación con los hechos que usted refiere”, informó el Ministerio Público ante consultas de la prensa.
La institución agregó que, debido a que el expediente se encuentra en etapa de investigación, no es posible brindar mayores detalles, amparándose en el artículo 295 del Código Procesal Penal que establece el carácter privado de esta fase.
Durante el evento en Turrúcares, el ministro Chaves advirtió a los vecinos que la oferta de inversión tenía fecha de caducidad. “En el momento que el ministro de Hacienda tenga que depositar ₡2.000 millones para ir a defender un litigio internacional producto de chorizo, estupidez o lo que sea, en ese momento, la oferta se retira de la mesa”, manifestó el jerarca ante los presentes.
El Gobierno busca que el gobierno local retire la negativa al proyecto para evitar que la empresa EBI avance en un arbitraje internacional contra el Estado por un reclamo de $154 millones.
A pesar de las promesas de obras, la comunidad y sectores políticos han calificado la acción como un “chantaje político” y una instrumentalización de la inversión pública.
Por su parte, el ministro Chaves ha rechazado las acusaciones de extorsión, asegurando que su intervención buscaba advertir sobre las consecuencias económicas que enfrentaría el país ante un eventual fallo adverso en el litigio internacional.